El caso de Víctor Saldaño, quien lleva 30 años esperando su ejecución por un hecho cometido en 1995, es un exponente crítico de lo que su abogado, Juan Carlos Vega, denomina "racismo judicial". Tras el reciente fallo de la Corte Suprema estadounidense, que se negó a evaluar las evidencias de su discapacidad intelectual, el estado de Texas queda habilitado para fijar una fecha de ejecución definitiva. Vega sostiene que este proceso ha sido viciado desde su origen por protocolos discriminatorios que marcaron el destino del cordobés basándose en su origen étnico.

La primera condena de muerte contra Saldaño fue declarada nula por la propia Corte Suprema de EE. UU., que calificó el proceso como un "mamarracho jurídico". Según explica el letrado, el tribunal de Texas aplicó un protocolo de peligrosidad que clasificaba a los acusados según su raza: blanco, negro o latino. "Si vos caías en el casillero de latino o de negro americano, eras peligroso", afirma Vega, subrayando que este criterio racial fue la base de la primera sentencia de muerte.

Aunque en el segundo juicio de 2005 no se aplicó formalmente este protocolo racial, Saldaño llegó a esa instancia tras nueve años en el corredor de la muerte, lo que provocó una degradación mental absoluta. Expertos internacionales coinciden en que la permanencia prolongada en estas condiciones, bajo aislamiento de 23 horas diarias en celdas mínimas, constituye una forma de tortura que quiebra psicológicamente a cualquier persona. "En el 2005 aparece un Saldaño absolutamente loco", señala su defensa para ilustrar el estado del recluso al momento de su segunda condena.

Un hito fundamental en esta lucha fue el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, que declaró nulas ambas condenas por la presencia de racismo judicial. Vega destaca que esta fue la primera vez en la historia que se utilizó dicha figura legal en una sentencia, diferenciándola del racismo policial o laboral. A pesar de que el organismo ordenó a Estados Unidos sacar a Saldaño de forma urgente del corredor de la muerte, el mandato ha sido ignorado por casi una década.

Para el abogado y sociólogo, la política actual de Texas no es necesariamente la ejecución inmediata, sino "dejarlo morir" en prisión para evitar el escándalo internacional que supondría aplicar la inyección letal a alguien cuya condena fue declarada nula. "Texas nunca lo va a ejecutar porque si lo mata va a ser un escándalo internacional, ya que estará matando a una persona que ha sido declarada inocente por la nulidad", explica Vega, vinculando esta resistencia judicial con un trasfondo de racismo que considera el "huevo de la serpiente" de las injusticias actuales.

Finalmente, la defensa lamenta el cambio de postura del Estado argentino bajo la gestión actual, señalando que la Cancillería se ha desentendido del caso e incluso facilitaría un desenlace fatal. Mientras que figuras como el Papa Francisco han enviado notas diplomáticas apoyando la lucha contra el racismo y la pena de muerte en este caso, la madre de Saldaño, Lidia Guerrero, continúa su lucha en un contexto de creciente hostilidad política y judicial. Según Vega, el racismo sigue marcando la política de Estados Unidos, influyendo directamente en la vida de los migrantes y en las decisiones de sus tribunales.

Audio: Juan Carlos Vega, abogado