Una familia santafesina se encuentra sumergida en un verdadero calvario burocrático y judicial. Andrés, un niño que fue prematuro extremo y cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), debía comenzar este lunes la cuarta etapa de su rehabilitación neurocognitiva en Buenos Aires. Sin embargo, el tratamiento se encuentra suspendido porque el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) adeuda el pago de la factura emitida el pasado 30 de marzo.

En diálogo con LT10, Pablo Hilbert, padre del menor, relató los seis años de lucha incansable contra la prestadora de salud de la provincia para lograr la cobertura médica de su hijo: "Ayer el doctor le hizo un mapeo cerebral en Buenos Aires para saber cuál es su capacidad actual y qué protocolo iniciar este año, pero Iapos no pagó. Ya pasaron tres meses y es la tercera vez que nos cambian las condiciones de pago", lamentó.

Un historial de "cajoneos" y retrocesos en la salud

La búsqueda de un diagnóstico certero obligó a la familia a trasladarse a Buenos Aires tras no encontrar respuestas ni en Santa Fe ni en Rosario. Una vez obtenido el diagnóstico del neurólogo especialista, comenzaron las trabas administrativas de la obra social.

Entre 2020 y 2021, Iapos negó sistemáticamente el tratamiento, ignorando el derecho a la libre elección de prestador que ampara a los menores con discapacidad. Tras una mala experiencia con un profesional legal, el niño perdió un año clave de rehabilitación.

En 2022, mediante un segundo abogado, la familia logró ganar un primer amparo judicial. Al finalizar esa etapa, las autoridades de la obra social les prometieron canalizar los trámites por vía administrativa sin necesidad de nuevas instancias judiciales. "Todo cayó en saco roto. Me cajonearon el presupuesto y en 2023 Andrés perdió la continuidad", denunció Hilbert.

En 2024, la interrupción tuvo consecuencias graves. Tras ganar un nuevo amparo el año pasado y retomar las consultas, el equipo interdisciplinario médico constató que la capacidad cognitiva del niño había descendido un 50% debido a la falta de continuidad del tratamiento.

"Frenar o demorar el tratamiento tiene un efecto totalmente negativo. Ya quedó demostrado que cuando Iapos lo interrumpió, su capacidad neurocognitiva bajó a la mitad. Hoy estamos con un equipo interdisciplinario sacándolo adelante", alertó el padre con profunda preocupación.

Una sentencia firme que no se respeta

A pesar de existir una sentencia judicial firme que obliga a la obra social provincial a garantizar la salud del menor, las respuestas actuales se reducen a dilaciones burocráticas: "Al principio fueron puras promesas. Pidieron 48 horas, después 72 más, y el tratamiento sigue frenado mientras Andrés y su mamá están esperando en Buenos Aires". El estudio jurídico que representa a la familia evalúa por estas horas qué nuevas acciones legales adoptar ante el delito de incumplimiento de una orden judicial.

Respecto al valor económico de la prestación, Hilbert aclaró que el costo asciende a 28 millones de pesos anuales —el mismo valor que el período anterior— y que, al tratarse de un tratamiento específico de rehabilitación, la obra social debe afrontarlo directamente de forma obligatoria. "Sabemos que la situación financiera de la provincia no es deficitaria", acotó.

Finalmente, el entrevistado remarcó que la desprotección y el sometimiento estatal no es un caso aislado dentro del organismo público: "Quiero manifestar que este no es solo el problema de Andrés. Hay muchísimos casos donde la obra social hace caso omiso a las órdenes dictadas por la Justicia", concluyó.

Audio: Pablo Hilbert, papá de Andrés