En el marco de una investigación por presunta violencia institucional, seis agentes de la Policía de la Provincia fueron detenidos por su presunta vinculación con la muerte de Mauro González, de 35 años. El hecho ocurrió a mediados de enero, cuando la víctima se encontraba alojada en la Comisaría 8ª (Estación Norte) de la ciudad de Santa Fe.

La denuncia original fue radicada por los familiares del hombre ante el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, y cuenta actualmente con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

El abogado querellante de la familia, Rodolfo Mingarini, precisó en diálogo con LT10 que el fallecimiento se produjo entre las últimas horas del 17 de enero y las primeras del 18. González había sido aprehendido en la vía pública por personal del Comando Radioeléctrico alrededor de las 14:30, tras el llamado de una vecina, pero recién fue ingresado al calabozo de la seccional octava a las 20:00.

"No hubo ninguna razón para el despliegue; el muchacho no estaba armado ni cometiendo un delito. Llegaron a intervenir entre ocho y nueve vehículos policiales. Sin mediar palabra lo tiraron al suelo y se produjo un forcejeo. Estuvo prácticamente 12 horas bajo custodia policial, ese es el común denominador del hecho", detalló el letrado.

Un informe forense determinante

Respecto a las causas del deceso, el querellante explicó que el sistema orgánico de la víctima colapsó tras el severo castigo recibido, lo que le provocó convulsiones y una posterior muerte por asfixia debido a broncoaspiración.

"La autopsia es sumamente clara: tiene alrededor de 22 lesiones visibles y una costilla fracturada. El papá y la mamá presenciaron el momento en que lo redujeron en el suelo. Incluso la madre le advirtió a los oficiales que su hijo tenía problemas de consumo y una cirugía importante de colostomía en el abdomen, pidiéndoles que no lo golpearan allí", argumentó Mingarini.

La querella está constituida no solo por los padres y hermanos de González, sino también por sus cinco hijos menores de edad, entre ellos un bebé de un año.

Los seis detenidos —cinco pertenecientes al Comando Radioeléctrico y uno al Cuerpo Guardia de Infantería— permanecen incomunicados a la espera de la audiencia imputativa, cuyos plazos procesales ya comenzaron a correr.

Fuentes ligadas al caso señalaron que la fiscalía busca determinar la responsabilidad material de los agentes que participaron de la agresión física, cuya calificación legal provisoria podría encuadrarse como tortura seguida de muerte.

No obstante, la investigación también apunta a revisar las actas previas al alojamiento en la comisaría. Por procedimiento, todo aprehendido debe contar con un informe médico oficial antes de ingresar a los calabozos, por lo que no se descarta evaluar la cadena de mandos y las responsabilidades del personal de guardia y del área de medicina legal que intervino aquella jornada.

Audio: Rodolfo Mingarini, abogado