El Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio un paso clave en la investigación por la muerte de Mauro González, el joven que falleció bajo custodia policial  en la Comisaría Octava tras sufrir una crisis en la vía pública. El fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, confirmó que el viernes pasado imputó a los seis policías detenidos en la causa y anticipó que este miércoles solicitará la prisión preventiva efectiva para todos ellos.

La calificación penal más grave recae sobre cinco de los uniformados, pertenecientes al Comando Radioeléctrico, quienes fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte. El sexto implicado, un agente de la Dirección General de Infantería que prestó colaboración únicamente en el inicio del procedimiento, enfrenta cargos menores y se retiró del lugar antes del traslado.

Un derrotero de violencia por la ciudad

Según precisó el fiscal Hernández en diálogo con LT10, el hecho —ocurrido a plena luz del día, alrededor de las 14:00— comenzó en el noroeste de la ciudad, en la puerta de la casa de la víctima. González corría y gritaba por la calle a raíz de una "crisis subjetiva" de salud mental. Ante el llamado de una vecina preocupada, las fuerzas de seguridad abordaron la situación con extrema violencia en lugar de activar un protocolo sanitario.

"La aprehensión inicial contó con múltiples testigos, tanto vecinos como familiares", señaló el fiscal. "Los funcionarios policiales, en vez de abordar el cuadro como una situación de salud, comenzaron a golpearlo para reducirlo. Luego lo cargaron en la caja de una camioneta Fiat Toro, que es pequeña, esposado y custodiado por dos efectivos que continuaron golpeándolo y presionando partes vitales de su cuerpo para causarle sufrimiento".

El derrotero continuó por la avenida de Circunvalación Mar Argentino hasta las inmediaciones del estadio del Club Atlético Colón, en el extremo sur de la capital provincial. De acuerdo con la acusación fiscal, los policías realizaron una parada en una estación de servicio para cargar combustible, momento en que González ya se encontraba semiinconsciente y "ni siquiera podía sostener su propia cabeza", un cuadro que quedó registrado en las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Posteriormente, el móvil se trasladó al centro de la ciudad para pasar por el área de Medicina Legal y terminó el recorrido en la Comisaría 8ª (barrio Guadalupe). "Lo dejaron ya casi o totalmente inconsciente, tendido boca arriba en el suelo, sin ningún tipo de asistencia médica ni custodia. Esto provocó que el joven terminara falleciendo por broncoaspiración con su propio vómito", determinó Hernández, quien aclaró que todo el trayecto se encuentra acreditado mediante registros fílmicos públicos y privados.

El escándalo de los antecedentes y la inacción administrativa

La investigación penal expuso además una alarmante trama de reincidencia. Uno de los policías del Comando Radioeléctrico imputados por la tortura de González ya había sido investigado por el fiscal Hernández por un hecho de extrema violencia institucional ocurrido en noviembre pasado.

En aquella oportunidad, el agente intentó detener a un adolescente de 17 años en la puerta de su casa sin motivo legal. Ante la defensa de sus hermanos, se desató una golpiza que terminó con varios jóvenes con lesiones severas. Las víctimas denunciaron que, una vez alojados en la seccional, el uniformado ahora imputado los golpeó y amenazó con "picanearlos". Una de las mujeres agredidas sufrió un ataque convulsivo y requirió internación de urgencia en el Hospital José María Cullen.

A pesar de la gravedad de este antecedente, el policía continuaba en funciones operativas en la calle al momento de la muerte de Mauro González. Al ser consultado sobre la falta de sumarios o el pase a disponibilidad por parte de las autoridades de control interno, el fiscal admitió desconocer el estado de la investigación administrativa, aunque reconoció que a menudo los tiempos de la Jefatura se supeditan a la causa penal para "no afectar el factor sorpresa" de las medidas judiciales.

Audiencia y polémica por las declaraciones por Zoom

El próximo miércoles se resolverá la situación cautelar de los seis imputados. Cinco de ellos participaron de la audiencia de imputación mediante la plataforma Zoom desde sus lugares de detención, una modalidad instalada de forma rutinaria tras las últimas reformas al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe para internos bajo órbita del Servicio Penitenciario.

El fiscal Hernández se mostró ambiguo respecto a la eficacia de las audiencias virtuales en causas de esta gravedad: "Depende de cada caso. Si el imputado va a hacer uso de la palabra, siempre es preferible la presencialidad en la sala porque la inmediatez es distinta. Permite hacer repreguntas, evaluar el sentido de sus declaraciones y asegurarse de que no haya condicionamientos de terceros en su entorno de alojamiento".

Audio: Ezequiel Hernández, fiscal