En la antesala de la audiencia de medidas cautelares por la muerte de Mauro González, el escenario judicial suma nuevas estrategias por parte de los abogados defensores. Mientras la representación legal de otros dos policías implicados sostiene que la figura de tortura no se ajusta a la autopsia —atribuyendo el deceso a una broncoaspiración por ingesta alcohólica—, la defensa de la única mujer policía imputada tomó un camino diferente y solicitará formalmente un cambio en la calificación penal.

El abogado Sebastián Oroño explicó que, tras un análisis integral del legajo puesto a disposición por la fiscalía, no surge ninguna participación ni contacto físico de su defendida con la víctima.

"Vamos a plantear una hipótesis alternativa. Entendemos que no corresponde el delito de tortura en la modalidad de comisión por omisión que se le ha imputado, sino el delito de omisión de evitar actos de tortura o falta al deber de colaboración, previsto en el artículo 144 quater del Código Penal. Es una figura totalmente distinta, con una escala penal muchísimo menor que permitiría otorgar la libertad a nuestra cliente", señaló el letrado.

Sin contacto físico y como móvil de refuerzo

Al ser consultado sobre las tareas que desempeñaba la agente al momento del operativo, Oroño aclaró que ella se trasladaba en una unidad de respaldo y que nunca descendió del vehículo durante la aprehensión.

"Llegaron dos móviles distintos. En el primero se produjo la detención y la privación de la libertad. Luego llegó el móvil en el que venía mi defendida; ella no bajó, aunque algunos de sus compañeros sí lo hicieron para colaborar y subir al hombre a la caja de la camioneta. Ella no tuvo ningún tipo de contacto físico con quien en definitiva terminó siendo la víctima. Por eso entendemos que no hay posibilidad de que se la impute por tortura seguida de muerte", argumentó.

Respecto a si la omisión guardaba relación con el incumplimiento del protocolo para personas en situación de crisis subjetiva, el abogado lo descartó de plano. "Ese es otro delito. La tortura seguida de muerte está en el artículo 144 ter; lo que yo planteo es la omisión de actuar en deber de protección cuando se está habilitado para hacerlo, en este caso, por su condición de policía", diferenció.

Además, se refirió a las normativas de salud mental en los operativos: "El protocolo para personas en situación de crisis de salud mental no es obligatorio, sino una guía que se aplica o no según el contexto. A veces no es fácil controlar a una persona que está totalmente fuera de sí y aplicar esas sugerencias que establece el Ministerio de Seguridad".

Honorarios y pedido de prisión domiciliaria

Durante la entrevista, el defensor también fue interpelado sobre las versiones que indicaban que el Ministerio de Seguridad de la provincia se haría cargo de los honorarios de los abogados particulares de los policías. Oroño negó rotundamente cualquier acercamiento estatal: "No se han comunicado con ninguno de nosotros. Los honorarios que percibimos los cobramos de manera particular a través de la familia, como hacemos siempre. No hay nada relacionado con el Ministerio".

Finalmente, el letrado confirmó que el cambio de imputación vendrá acompañado de una solicitud de cese de la prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el beneficio de la prisión domiciliaria por razones familiares.

"Vamos a pedir alternativas a la prisión preventiva. Subsidiariamente se solicitará la prisión domiciliaria porque es madre de dos niños de 8 y 10 años. Si bien superan la edad de 5 años que establece formalmente el Código Penal, entendemos que la jurisprudencia y la doctrina actuales han flexibilizado ese criterio, priorizando siempre el principio del interés superior del niño", explicó.

Sobre el estado emocional de la agente, Oroño concluyó que se encuentra "sumamente afligida, sobre todo por sus hijos". Además, recalcó que la mujer "está consternada porque no tuvo contacto con este chico y tampoco podía ver lo que ocurría en la caja del patrullero durante el traslado".

Audio: Sebastián Oroño, abogado defensor