El Gobierno nacional gastó más de 2.000 millones de pesos en los operativos para reprimir a los jubilados que todos los miércoles reclaman un aumento de sus haberes frente al Congreso.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva procesados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), cada despliegue realizado en 2025 implicó un promedio de 48.535.094 (casi 50 millones de pesos) en combustible y gastos de equipamiento.

El informe del Cels aclara que la cifra difundida es "conservadora" porque "el cálculo queda muy por debajo del costo real si se añaden, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados" que el Ministerio no informó.

Entre enero y diciembre de 2025, hubo 43 operativos con la participación de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval. En cada represión de los adultos mayores que reclaman mejores ingresos, en promedio, participaron 915 efectivos.

En medio de la caída de la recaudación tributaria, de la profundización del ajuste en salarios, jubilaciones y educación y salud pública, la gestión de Javier Milei derivó 2.087 millones, casi 6 millones por día, en ese rubro.

"Hicimos un pedido de información al Ministerio de Seguridad para ver cuánto gastó en los operativos de los miércoles en Congreso", informó el Cels y destacó: "El presupuesto que destinó ese año para reprimir jubilados y jubiladas equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido (según el promedio de ese año)".