Un testimonio clave sumó dramatismo e indignación a la causa que investiga las irregularidades en una red de residencias de adultos mayores con sede en Santa Fe y Santo Tomé. Se trata de María, una mujer que trabajó hace cuatro años en uno de los establecimientos vinculados a la principal imputada por la situación en la que se encontraban un grupo de personas en un hogar en barrio Nuevo Horizonte.

En diálogo con el Móvil de LT10, la expempleada describió un cuadro de extrema precarización laboral y maltrato hacia los residentes: "Había hacinamiento, falta de higiene y condiciones deplorables. A una señora se le quebró la cadera y lo único que hicieron fue acostarla en una cama y postrarla ahí, hasta que se la llevaron los hijos. Otra señora se murió de sarna porque nunca la atendió un médico".

Según su relato, en la planilla oficial figuraba que los profesionales médicos acudían al lugar y que los abuelos recibían la medicación correspondiente, algo que jamás sucedía en la práctica. "Teníamos que curarlos las empleadas como podíamos. Además, si las familias traían pañales de calidad, se los sacaban y les ponían los que donaba la Iglesia o Acción Social", agregó.

La testigo también reveló que la dueña del lugar dictaba supuestos cursos de formación en cuidado gerontológico, primeros auxilios e inyecciones: "Enseñaba de todo, desde el manejo de ambulancias hasta cómo colocar una vía o un suero. Emitía diplomas con su sola firma, sin ningún sello ni aval del Ministerio de Educación".

María afirmó que esta operatoria continuó a lo largo del tiempo. Tras su desvinculación, su propia hermana volvió a trabajar en el mismo circuito años más tarde y constató que las irregularidades persistían, incluida la venta desleal de sillas de ruedas, electrodomésticos y muebles que la gente donaba para el establecimiento.

En otro caso similar, una extrabajadora del sector de limpieza del geriátrico ubicado en Avenida Salvador del Carril, aportó detalles sobre el funcionamiento interno de las residencias atribuidas a la mujer investigada.  Se trata de Natalie Beltrán, quien además, vivió la situación como familiar de una exresidente que contrajo sarna.

En diálogo con LT10, la exempleada desmintió las declaraciones públicas de la acusada, quien solía presentar su actividad como una obra de caridad: "Ella decía que hacía lo que otros no podían, pero era todo mentira. Los abuelos no comían; no compraba lácteos, fruta ni carne. Si bien algunos empleados hacían lo posible por asistirlos, las condiciones de alimentación eran deplorables".

El aspecto más drástico del relato apuntó a la administración descontrolada de medicamentos para contener las protestas de los internos: "Si alguno molestaba porque pedía llamar al médico, ella enseguida le metía quetiapina para sedarlo y mantenerlo callado. Recuerdo el caso de un residente que se alteraba reclamando lo que le correspondía y, en lugar de llevarlo a un profesional, lo mantenían sedado".

Al ser consultada sobre cómo la acusada accedía a ese tipo de psicofármacos de venta restringida, Beltrán señaló la existencia de un circuito informal: "Hacía la famosa 'droguería', que consistía en comprar los medicamentos por tercera mano y no a través de una farmacia legal". Asimismo, mencionó que varios compañeros de trabajo recuerdan el nombre de un profesional médico que estaría involucrado en dicha operatoria.

En cuanto a la situación laboral del personal, Beltrán expuso un esquema de precarización extrema: "Nos tenía en negro y nos pagaba 20.000 pesos a todos por igual por jornadas de 12 horas. No se hacía cargo de la comida ni de los pasajes de colectivo. Por eso la rotación era constante: mucha gente iba un solo día y no volvía más".

Inspecciones avisadas

Uno de los puntos más críticos de la declaración salpica los mecanismos de control estatal. Según la exempleada, el establecimiento recibía advertencias previas antes de los procedimientos oficiales: "Ella siempre estaba avisada antes de que cayera una inspección. Estaba trabajando cuando recibieron un llamado al teléfono fijo; atiende un compañero y ella nos avisó que limpiáramos todo bien porque al día siguiente había inspección".

Gracias a estas filtraciones, el lugar continuaba funcionando a pesar de las severas deficiencias edilicias y sanitarias. "El hogar de Salvador del Carril estaba en pésimas condiciones, todo muy deteriorado", concluyó Beltrán, cuya madre decidió retirar a su tía de la residencia tras constatar mediante fotos el estado en que se encontraba.

El reclamo en la Cámara de Diputados

Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade se refirió al pedido de informes presentado en la Legislatura santafesina para que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Personas Mayores y los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) aclaren qué medidas adoptaron tras las advertencias radicadas desde marzo y abril de este año.

"Estamos ante una trama mafiosa. Hablamos de una antigüedad de más de cuatro años en los maltratos, la explotación y la reducción a la servidumbre de personas que prácticamente estaban secuestradas, a quienes incluso les retenían los documentos para cobrarles la jubilación", aseveró el legislador.

Del Frade remarcó la necesidad de investigar las responsabilidades políticas y la eventual complicidad institucional: "Da mucha bronca y dolor que estas denuncias no hayan sido investigadas a tiempo. Hay que saber quiénes fueron los funcionarios que miraron para otro lado mientras esto sucedía".

En el ámbito judicial, la causa se encuentra a cargo del fiscal Manuel Cechini. Tras haberse solicitado la duplicidad de plazos para la investigación, se espera que en el transcurso de la semana la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije la fecha para la audiencia imputativa contra el único detenido por lo hallado en barrio Nuevo Horizonte.

Audio: Carlos Del Frade, diputado provincial

Audio: Móvil LT10, Verónica Ensinas con testimonio de extrabajadora

Audio: Natalí Beltrán, extrabajadora