La situación tarifaria para los grandes consumidores de energía en la provincia de Santa Fe ha entrado en una fase crítica. Por LT10 el ingeniero José Stella, indicó que el aumento actual no es una decisión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), sino una consecuencia directa de la desregulación del mercado eléctrico nacional que obliga a los grandes usuarios a pagar el "precio pleno" de la energía.

¿Quiénes son los afectados?

El impacto se concentra en un sector específico denominado GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora). Stella precisa que estos clientes son aquellos que "demandan más de 300 kW de potencia". En el territorio santafesino, esto alcanza a unas "340 industrias y cooperativas", incluyendo localidades como Avellaneda, Gálvez, Villa Constitución y Venado Tuerto.

Sin embargo, el especialista aclara que hay excepciones importantes: "están fuera de esta resolución aquellos grandes clientes que son centros de salud, pero también todo lo que sea educación, por ejemplo las universidades", mencionando específicamente a la UNL y la UTN en Santa Fe.

El origen del "ajuste" y la Resolución 976

Stella señala que este shock no es una sorpresa absoluta, ya que se basa en normativas previas. La Resolución 976, dictada al final de la gestión de Alberto Fernández bajo la Secretaría de Energía de Flavia Royón, estableció el marco para esta desregulación.

El problema radica en la diferencia entre el precio proyectado y el real. Stella explica: "Lo que ocurre es que cuando se les factura hay lo que se denomina un precio estabilizado... pero luego de pasado el periodo se ajusta a lo que realmente ocurrió y esa es la diferencia que Cammesa carga a la empresa provincia de Energía". Para ilustrar la magnitud, menciona que el precio spot del megavatio hora pasó de "$65 en marzo a multiplicarse por tres en junio".

Escaso margen de maniobra

Consultado sobre la posibilidad de que las industrias reclamen contra estos cargos, el ingeniero es tajante: "Poco y nada. ¿Por qué? Porque esto ya ocurrió, el consumo ya fue realizado, la reglamentación tiene plena vigencia".

Además, recuerda que en este segmento impera la lógica del mercado: "esto es para los grandes clientes, a ese nivel de potencia y de consumo, es libre mercado". Según Stella, aunque la EPE provee la infraestructura técnica ("el cable"), el costo es determinado por Nación y Cammesa, una sociedad anónima donde el Estado solo tiene el 20% de representación.

Ante este escenario, el especialista señala que las opciones para los sectores productivos son limitadas, más allá de estrategias a largo plazo como la "autogeneración o la eficiencia energética", ya que, aunque se financien los cargos, la deuda persiste: "el que debe hoy, los va a deber financiados igual"

Audio: José Stella, especialista en políticas energéticas.