La declaración de inconstitucionalidad del tope aplicado a las jubilaciones más altas abrió un nuevo debate sobre el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y el alcance de las medidas adoptadas durante la emergencia previsional.

En diálogo con LT10, el abogado especialista en derecho previsional Enrique Gómez Cochia consideró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia provincial era previsible y afirmó que existen antecedentes consolidados que protegen los haberes vinculados con aportes realizados durante la vida laboral.

"El tema de la inconstitucionalidad del tope era un poco cantado", sostuvo el especialista. Según explicó, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene un criterio reiterado respecto de los límites aplicados a prestaciones de carácter contributivo.

"Todo límite a los haberes previsionales de naturaleza contributiva, es decir, que previamente se aportaron por determinada cantidad de dinero, no puede luego disminuirse vía una legislación sin violar la Constitución", señaló.

Para Gómez Cochia, la discusión debe analizarse dentro del marco del sistema previsional y no limitarse únicamente al impacto económico de las medidas adoptadas por la Provincia.

"El sistema no es de reparto puro"

El abogado cuestionó el argumento oficial que vincula los descuentos con el carácter solidario del sistema jubilatorio. "El Gobierno miente porque el sistema no es de reparto puro. Es de reparto asistido", afirmó.

En ese sentido, explicó que la Caja necesita recursos provenientes de rentas generales para sostenerse debido a la relación entre trabajadores activos y jubilados.

"Nunca un sistema de reparto puede mantenerse con dos trabajadores activos y un pasivo. Las diferencias que surgen de ese déficit son asistidas por rentas generales, es decir, por todos los habitantes de la provincia de Santa Fe", indicó.

También cuestionó el destino de los fondos obtenidos mediante los descuentos aplicados durante la emergencia. "Si se hubiese sido serio, se hubiese hecho un fondo, un fideicomiso, administrado por activos, pasivos y el Estado, hacerlo crecer y demostrarle seriedad a la sociedad en materia de administración de fondos", planteó.

A su entender, las medidas no resolvieron el problema estructural de la Caja. "Esto fue una reducción del déficit que va a seguir teniendo la Caja de Jubilaciones de la provincia. Lo que tienen que decir es la verdad", expresó.

El debate que excede al fallo

Gómez Cochia consideró que la discusión sobre el futuro previsional debe trasladarse al plano político y abordar problemas como la informalidad laboral, la falta de aportes y el crecimiento de la población jubilada.

El especialista considera que es momento de discutir en serio qué hacer con el sistema previsional argentino, "como se está discutiendo en serio en todo el mundo", afirmó.

El abogado señaló que el aumento de la expectativa de vida obliga a revisar las políticas laborales, económicas y previsionales. Incluso sostuvo que actualmente se considera "un practicante del derecho de la vejez, más que del derecho de la seguridad social y de la previsión social".

"Es una nueva rama del derecho, ya lleva diez años de desarrollo. El derecho de la vejez es todo el conjunto de derechos que genera esta nueva longevidad", explicó.

En ese marco, destacó que los avances científicos y médicos permiten vivir más años y generan nuevos desafíos para sociedades con menor natalidad y una población cada vez más envejecida.

"La ciencia en general y la medicina en particular nos están permitiendo vivir más. Esto genera toda una revisión de la economía, de la política y de los cargos públicos", concluyó.

Audio: Escuchá la entrevista con Enrique Gómez Cochia