Un informe elaborado por el Observatorio Social del Transporte reveló que las tarifas del servicio de colectivo interurbano en la provincia de Santa Fe registraron incrementos de hasta el 1.436,1 % desde diciembre de 2023 a la fecha. En ese mismo período, la inflación acumulada alcanzó el 303,5 %, mientras que el incremento promedio de los boletos llegó al 994,2 % tras seis actualizaciones autorizadas por el Gobierno provincial.

El integrante del Observatorio y dirigente político santafesino Eduardo Toniolli analizó el impacto del ajuste en la movilidad de los usuarios y atribuyó la disparada tarifaria a las medidas aplicadas por el Poder Ejecutivo nacional. "Apenas asumió en diciembre de 2023, la gestión de Javier Milei eliminó en febrero de 2024 el Fondo Compensador del Transporte Urbano e Interurbano del interior del país", contextualizó.

En esa línea, remarcó la asimetría en el reparto de los recursos fiscales: "El Gobierno nacional siguió y sigue cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que en parte debe destinarse a los subsidios del transporte. Sin embargo, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los continúa percibiendo, aunque en menor medida, el interior fue completamente excluido. Esa decisión obligó a las jurisdicciones provinciales a tomar distintos caminos para sostener los servicios".

Respecto de la respuesta institucional de la provincia de Santa Fe, Toniolli criticó la estrategia adoptada frente a la quita de fondos nacionales: "Se habilitaron seis aumentos de tarifa para las empresas interurbanas entre diciembre de 2023 y la actualidad, impulsando una suba promedio cercana al 1.000 %. En algunos corredores el impacto fue aún mayor. Por ejemplo, en el área metropolitana de Rosario, el pasaje desde Villa Gobernador Gálvez hacia Rosario pasó de $300 en diciembre a $3.200 en la actualidad, lo que representa una suba de doce veces. Lo que a fines de 2023 demandaba un 7 % de un salario mínimo, hoy insume el 35 %. Esto vuelve insostenible la vida cotidiana de los usuarios".

El referente advirtió además sobre las consecuencias estructurales para el propio sistema de movilidad. "Cuando la tarifa se vuelve inasequible, la gente busca alternativas: proliferan las combis no autorizadas o el uso de motocicletas particulares, lo que satura el tránsito en las grandes ciudades. Se ingresa así en un espiral destructivo del transporte público similar al que la Argentina ya atravesó entre los años 2000 y 2002", alertó.

Asimismo, Toniolli cuestionó las medidas de mitigación promovidas por la Casa de Gobierno santafesina: "Considero que la provincia debe cambiar su enfoque. Priorizó descargar la crisis en el bolsillo de los usuarios y otorgar a las empresas alivios parciales. Por un lado, una emergencia técnica que extendió la vida útil permitida de los colectivos para evitar la renovación de flotas, lo que a mediano plazo genera riesgos en la seguridad del servicio. Por otro lado, la reducción no escrita de frecuencias en horarios no pico, afectando la función social que debe cumplir el transporte público".

Frente a este escenario, ponderó la iniciativa presentada en la Legislatura provincial por la diputada Lucila De Ponti para declarar la emergencia integral en el sector. "Promovemos un mayor involucramiento económico de la provincia mediante la ampliación del Fondo Compensador provincial para contener los aumentos tarifarios. En paralelo, la provincia debería acudir a la Justicia para reclamar los fondos retenidos por la Nación. Si bien varios legisladores presentamos amparos de forma individual sin éxito, una demanda impulsada directamente por el gobernador sentaría un antecedente de otro peso institucional para recuperar los recursos que el sistema necesita de manera inevitable", concluyó.

Audio: Eduardo Toniolli, integrante del Observatorio Social del Transporte