Hernán Martínez, abogado defensor del exministro de Seguridad provincial Marcelo Sain en la investigación judicial por presunta defraudación en la licitación de armas, apeló la resolución de primera instancia que ordenó la elevación de la causa a juicio.

El letrado centró los agravios de la defensa en la validez del material probatorio incorporado al expediente. "El motivo principal de agravio de nuestra defensa es la cuestión técnica relativa a cómo se obtuvo un montón de material en allanamientos ilegales, que luego fue filtrado a la prensa para perjudicar y vulnerar la imagen pública no solo de Marcelo Sain, sino de todos los funcionarios que en ese momento fueron señalados políticamente", sostuvo Martínez.

En este sentido, la defensa insiste en que las actuaciones judiciales forman parte de una persecución de índole política iniciada durante la gestión provincial previa. "Tanto Marcelo Sain como sus colaboradores participaron en investigaciones muy complejas que afectaban a miembros de mucha importancia política, judicial y mediática. Cuando el trabajo investigativo llegó a un punto en el cual molestaba, se generaron las causas que se están tramitando al día de hoy. El espionaje o la licitación de armas son parte de una persecución utilizando el aparato jurisdiccional", afirmó.

Respecto del estado de las presentaciones formuladas ante organismos internacionales por el conjunto de los expedientes, el abogado confirmó que la causa se encuentra en trámite y bajo análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Finalmente, de cara a la audiencia donde se resolverá el recurso planteado ante la Oficina de Gestión Judicial, Martínez remarcó la escala penal del delito imputado: "Se está hablando de una defraudación en una licitación que jamás tuvo lugar. El delito de defraudación prevé una pena mínima de un mes y un máximo de seis años de prisión".