Representantes del sector de cadeterías y trabajadores de aplicaciones de reparto (como Pedidos Ya) mantuvieron una reunión en la ciudad de Santa Fe con la diputada Verónica Baró Graf para exigir la urgente reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Delivery. La iniciativa busca hacer frente a la creciente ola de robos e inseguridad que afecta a los trabajadores del sector durante sus jornadas laborales.

En el encuentro se debatieron los principales obstáculos que frenan la implementación de la norma, aprobada pero aún sin ejecutar. Baró Graf señaló que existen reticencias en la gestión política por el costo y la logística del sistema de rastreo: "Nos cuestionaron mucho el sistema del chip por una cuestión de costos y de monitoreo, porque no es solo el chip, sino la seguridad de estar controlando permanentemente con cámaras activas. Ellos tienen un sistema de monitoreo a través de la policía por otras cuestiones, por lo que podrían incorporar este sistema también para proteger a los repartidores".

Por su parte, Fernanda Charo, cadete y referente del sector, describió la crítica situación que atraviesan a diario unos 1.500 repartidores que circulan en la capital provincial de 7:30 a 1:30. "Nosotros ponemos mucho de nuestra parte. Entre un celular y una moto estamos hablando de más de 3 millones de pesos. Dada la economía del país, no podemos afrontar un gasto así si nos sacan el vehículo, más allá de que el seguro lo pueda cubrir o no. Venimos reclamando desde hace seis años; vimos buena voluntad en varias oportunidades, pero ahora no sabemos qué pasó", expresó.

Asimismo, Charo cuestionó los dichos recibidos en un reciente encuentro con secretarios del Ministerio de Seguridad provincial. "Para nosotros el delito nunca mermó, aunque sí para sus estadísticas. Nos dijeron: 'Chicos, llamen al 911, el 911 funciona de diez'. No podemos llamar al 911 si estamos conduciendo la moto o la bici; primero porque la aplicación no lo permite por seguridad y, segundo, porque no corresponde esa respuesta. Además, no tenían conocimiento de la ley ni de cómo se financia", concluyó la referente.