La investigación en torno al funcionamiento del polémico geriátrico clandestino en Santa Fe ha desatado un verdadero escándalo judicial y social. A las graves denuncias por maltratos y estafas a adultos mayores se suma ahora un fuerte cuestionamiento al accionar de los fiscales a cargo.

El abogado Martín Risso Patrón, representante de una de las denunciantes, criticó por LT10 con dureza el manejo de la causa y apuntó a una red de protección a la dueña de la institución, quien actualmente se encuentra detenida.

Denuncias desestimadas y la fragmentación de la causa

El punto de mayor conflicto radica en cómo la fiscalía abordó inicialmente el caso. Según relató Risso Patrón, el fiscal a cargo en un primer momento, Manuel Cechini, se negó a profundizar en gran parte de las acusaciones presentadas por su clienta, limitando su acción únicamente al episodio en el que se quemó un colchón para llamar la atención sobre el estado de las siete víctimas que se encontraban en ese lugar.

El abogado detalló la insólita respuesta que recibió su representada:

Risso Patrón contó que la fiscalía le expresó a una de las primeras denunciantes que "no la consideraba una víctima y que solamente iba a intervenir en las siete personas, víctimas de cuando quemaron el colchón". Esta postura dejó fuera de la investigación inicial una serie de delitos extremadamente graves que los familiares y las propias víctimas venían reportando de manera sostenida. Risso Patrón criticó esta fragmentación procesal: "Si llega una denuncia, el fiscal está encargado de investigar todos los hechos que surgen. No entiendo por qué dividir la investigación si siempre es la misma persona, por los mismos hechos".

Entre las denuncias que el fiscal desestimó investigar se encuentran maniobras que van mucho más allá del abandono de personas: "Acá además del abandono de personas en estos siete hechos hay personas que denunciaron que les cobraban las jubilaciones o las pensiones, que les retenían los documentos, que les retenían las tarjetas de débito. Incluso hay personas que denunciaron que se quedaron con sus propiedades", afirmó el abogado.

Para el letrado, la falta de una imputación formal por la totalidad de los hechos denunciados por su clienta es un obstáculo clave que le impide presentarse formalmente como querellante en la causa.

Asimismo, Risso Patrón deslizó sus sospechas sobre los motivos detrás de la lentitud y las omisiones en la investigación fiscal, haciendo hincapié en un sugerente mensaje que la imputada publicó en sus estados de WhatsApp: "No me dejen sola porque voy a empezar a hablar". "Eso es un dato que no es menor. Así que no hay que hacer semejantes conclusiones ni ser un razonamiento muy rebuscado para darse cuenta que están cubriendo a alguien", manifestó.

En tanto, la auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) evalúa el desempeño de los fiscales asignados inicialmente (Olchese y Sechini), por lo que actualmente están siendo investigados.

Centros clandestinos que siguen funcionando

El caso del geriátrico clandestino parece ser apenas la punta del iceberg. A pesar de la detención de la principal investigada, el entrevistado reveló que otras instituciones vinculadas a ella continúan funcionando bajo la sombra de la ilegalidad en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Una de ellas está ubicada en Cabaña de Leiva, y recientemente sumó información sobre otra locación activa en la calle General Paz.

El misterio de las propiedades robadas

Otro de los flancos débiles que la justicia aún no ha querido profundizar es el destino de los inmuebles de los ancianos que eran despojados de sus bienes. Risso Patrón mencionó el caso de un hombre mayor en andador a quien vio en los tribunales, quien denunció que los sospechosos se habían quedado con su casa.

Frente a la inacción, el abogado concluyó que la unificación de la causa es urgente: "Debería ser un solo el fiscal que investigue absolutamente todo, porque son todos delitos muy relacionados"

Audio: Martín Risso Patrón, abogado de una las víctimas del geriátrico clandestino