Una iniciativa ciudadana respaldada por más de 30 organizaciones civiles propone prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético en todo el territorio santafesino. El proyecto ya fue presentado en la Legislatura provincial y busca poner límites a una actividad comercial que tiene como principales clientes a turistas extranjeros.

La propuesta apunta a los establecimientos y servicios que lucran con la llegada de personas del exterior para practicar caza deportiva. Sin embargo, no contempla una prohibición general de la caza. Su alcance está concentrado en los espacios que ofrecen paquetes comerciales para matar animales por entretenimiento, con servicios que incluyen alojamiento, traslados y acceso a campos privados.

Natalia Pallaviccini, abogada y presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Santa Fe, explicó en diálogo con LT10 que la iniciativa persigue dos objetivos: terminar con “los denominados o los llamados cotos de caza” y prohibir el turismo cinegético.

Uno de los problemas detectados es que la denominación «coto de caza» no existe dentro de las categorías administrativas utilizadas por la provincia, lo que permite que los establecimientos operen bajo otras figuras.

“Como no existe esta denominación a nivel administrativo en la provincia, muchas veces los funcionarios se agarran de eso diciendo: ‘Bueno, nosotros no tenemos habilitados cotos de caza’, pero funcionan bajo otros tipos de nombre”, explicó Pallaviccini. Según detalló, pueden aparecer registrados como “lodges, estancias o establecimientos privados para la caza”.

La abogada señaló que el turismo cinegético ofrece animales por especie y cantidad, además de estadía y transporte. “Es turismo extranjero el que consume este tipo de producto”, sostuvo.

Desde las organizaciones impulsoras cuestionan especialmente la utilización de animales como parte de una oferta recreativa. “Estamos en presencia de caza deportiva, es decir, es matanza de animales para el entretenimiento, para la diversión de extranjeros que vienen acá a hacer lo que en sus países de origen o está prohibido o bien está muy restringido”, afirmó.

Pallaviccini también vinculó la propuesta con la discusión sobre el reconocimiento jurídico de los animales. Recordó que la Ley 14.346, sancionada en 1954, los considera víctimas de actos de maltrato y crueldad.

“Es una ley que reconoce a los animales como víctimas de actos de maltrato y de crueldad”, explicó. En ese sentido, remarcó que la normativa admite que “los animales tienen capacidad de experimentar dolor, sufrimiento”.

Según indicó, existen más de 20 fallos judiciales en el país que reconocieron a diferentes animales como sujetos de derecho, aunque esa condición todavía no está incorporada al Código Civil y Comercial. “El gran debate es cambiar la categorización de los animales a sujetos de derecho”, planteó.

La información obtenida por las organizaciones también permitió establecer la dimensión de la actividad en Santa Fe. A partir de un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría de Turismo comunicó que existen 11 establecimientos vinculados al sector.

“En total son 11, de los cuales ocho están concentrados en San Javier”, precisó Pallaviccini. También solicitaron datos al Ministerio de Ambiente para conocer las categorías administrativas, las especies autorizadas y las temporadas habilitadas. “Cursamos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente que todavía no nos ha contestado”, señaló.

La titular del Instituto de Derecho Animal aclaró que el proyecto no alcanza a quienes cazan para alimentarse ni plantea eliminar todas las modalidades deportivas. “No estamos prohibiendo la caza de subsistencia —aseguró, y agregó—: Por otro lado, no estamos prohibiendo toda la caza deportiva, sino solo esta modalidad”.

Tampoco impediría que la Legislatura sancione normas especiales para controlar especies exóticas o declaradas plagas. “No hay incompatibilidad acá, porque nosotros abordamos una cuestión muy específica”, explicó.

De acuerdo con los datos manejados por las organizaciones, la actividad comercial cuestionada tampoco constituiría una práctica arraigada entre los habitantes de la provincia. “Te diría que más del 80 % es turismo extranjero”, estimó Pallaviccini.

“No es una costumbre, no es algo que está arraigado, por lo menos por los datos que nosotros manejamos”, sostuvo. De todos modos, cerró con una definición sobre el debate cultural que acompañará al tratamiento legislativo: “Lo que está mal está mal, por más cultural que sea”.

Audio: Escuchá la entrevista con Natalia Pallavicini