La Toyota Hilux que llevaba 27 días enterrada en la Pampa del Leoncito finalmente fue retirada del área protegida de Calingasta, en San Juan, bajo un operativo judicial que incluyó custodia de Gendarmería Nacional y supervisión ambiental. Sin embargo, la extracción vino con una resolución en la que también se establecieron las multas que superan los nueve millones de pesos para los dos involucrados.

Todo comenzó el 8 de agosto, cuando la camioneta ingresó al área por el sector sur, a través de una huella preexistente que, según determinó la Justicia, no constituía un acceso habilitado. Sus ocupantes, Agustín Añó y Pablo Abraham, avanzaron aproximadamente siete kilómetros sobre un terreno que inicialmente se presentaba seco. A medida que avanzaban, la superficie cambió: se volvió barrosa y blanda, hasta que el vehículo perdió fuerza y quedó atrapado. Cuando descendieron a evaluar la situación, comprobaron que no había marcha atrás por sus propios medios.

Lo que siguió a esa primera instancia de desesperación complicó aún más el expediente. Los ocupantes intentaron mover la camioneta usando escaleras metálicas para motocicletas a modo de rampas, una maniobra que logró desplazar el vehículo apenas unos metros, pero que, según quedó consignado en la sentencia, provocó nuevas alteraciones sobre el terreno protegido. Esa intervención fue tenida en cuenta por la justicia al momento de ponderar el alcance del daño.

El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, fue quien dictó la resolución el pasado viernes. En ella condenó a ambos ocupantes por infracción al artículo 187, vinculado con la protección del patrimonio provincial. La pena principal fue una multa equivalente a 15 sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública provincial: $4.387.320 para cada uno. A Abraham, además, el magistrado le aplicó una segunda sanción de 200 unidades fiscales —$456.800— al considerar acreditado que el ingreso al área se produjo eludiendo el control de Gendarmería ubicado sobre la Ruta Nacional 149. El propio Abraham había reconocido que era quien conducía al momento del ingreso, y la fuerza de seguridad certificó que no existían registros del paso del vehículo ni de sus ocupantes por ese puesto.