Docentes nucleados en la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) se concentraron en Plaza Italia, frente a la Legislatura provincial, para entregar un petitorio avalado por cerca de 20.000 firmas de trabajadores activos y jubilados. La movilización, que cuenta con la presencia de delegaciones departamentales como San Lorenzo, San Javier, Las Colonias y General Obligado, tiene como objetivo presentar el reclamo formal tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

El documento entregado establece cuatro exigencias centrales: la derogación de la reforma previsional, el pago simultáneo de aumentos a activos y pasivos, el fin de la emergencia previsional y la restitución del 82% móvil real entre el haber del jubilado y el salario del activo. Al respecto, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, recordó que la manifestación coincide con el cumplimiento de dos años de la sanción de la ley: "En ese momento veníamos denunciando que si se aprobaba ese proyecto lo que iba a originar era pérdida de derechos, y hoy podemos decir que es así", afirmó.

En sus declaraciones, el dirigente gremial detalló el perjuicio económico que sufren los trabajadores docentes por el cobro diferido de los incrementos salariales y la aplicación del denominado aporte solidario. "No puede ser que si vos aportaste toda tu vida, cuando te jubiles tenés que seguir aportando", sostuvo Alonso, al tiempo que advirtió que la alícuota de aportes de los activos aumentó del 14,5% a escalas que alcanzan entre el 16% y el 21%.

Asimismo, Alonso cuestionó la falta de convocatoria a la comisión de seguimiento de la emergencia previsional y criticó las paritarias cerradas por decreto. "Acá se aprobó una ley y el impacto es totalmente negativo; es una ley que claramente viene en línea con las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno", enfatizó el titular del gremio, remarcando además el impacto del pago de sumas no remunerativas y la quita del incentivo docente.

Finalmente, la conducción sindical solicitó audiencias con los presidentes de los bloques parlamentarios para exigir que se evalúe el costo social de la medida. "Lo que debería hacer la Legislatura es escuchar a los trabajadores; no puede ser una cuestión corporativa donde se vota de determinado modo sin analizar el impacto real", concluyó Alonso.