El exfiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Mariano Ríos Artacho quedó este miércoles en prisión preventiva por 90 días, acusado de encabezar una asociación ilícita que habría desviado fondos de cuentas judiciales por un monto actualizado de 425 millones de pesos. La medida fue dispuesta por la jueza María Trinidad Chiabrera durante una audiencia realizada este miércoles por la mañana.

La resolución alcanzó también a Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia, quienes quedaron detenidos al finalizar la audiencia. Todos están señalados como presuntos integrantes de la organización investigada.

Según explicó el fiscal Adrián Spelta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, las maniobras se habrían extendido durante aproximadamente siete años, desde 2017 hasta la actualidad. La investigación apunta a la extracción de dinero depositado en cuentas judiciales del Banco Municipal mediante oficios que llevaban firmas vinculadas a expedientes en trámite.

Se trataba de fondos provenientes de fianzas, reparaciones económicas destinadas a víctimas y dinero secuestrado durante procedimientos judiciales, que debían permanecer bajo custodia del sistema judicial.

La hipótesis fiscal sostiene que esos recursos eran transferidos a personas que no tenían relación con las causas en las que estaban depositados. Luego, mediante una estructura que Spelta describió como “piramidal”, el dinero habría terminado en manos del exfiscal.

De las 148 cuentas judiciales que forman parte del universo investigado, los fiscales analizaron hasta el momento las primeras 48 y detectaron indicios de al menos 12 hechos delictivos. En nueve de esos casos, el dinero presuntamente desviado no habría sido reintegrado, mientras que en otros tres se produjo la devolución de los fondos, una circunstancia que incidió en la calificación penal de los hechos.

La investigación también incorporó como hipótesis el destino que habría tenido parte del dinero. De acuerdo con la acusación, los fondos desviados fueron utilizados para cubrir deudas vinculadas con el juego.

La causa comenzó a profundizarse a partir de la pesquisa sobre movimientos irregulares de dinero en expedientes judiciales y derivó en una investigación sobre la posible existencia de una estructura organizada para disponer de fondos públicos.

Ríos Artacho había renunciado a su cargo de fiscal y ahora enfrenta la acusación como presunto jefe de la asociación ilícita. La investigación continúa y, según anticipó Spelta, el análisis del resto de las cuentas podría ampliar tanto la cantidad de hechos atribuidos como el monto involucrado.

Otros seis imputados –Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri– recuperaron la libertad el martes, luego de un acuerdo entre sus defensas y los fiscales Spelta y Carla Cerliani.