El gobierno de Javier Milei profundizará su ofensiva judicial contra las empresas que participan de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias existentes y que se presentarán nuevas acciones contra compañías que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina y en violación de la Ley 26.659.

La estrategia del Ejecutivo no estará limitada a las empresas. En su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier explicó que las sanciones previstas por la legislación alcanzarán también a quienes participen de las operaciones. "Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó. En ese sentido, mencionó como ejemplo la imposibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar de proyectos como Vaca Muerta.

El Gobierno ampliará las denuncias y apuntará a los responsables

La Casa Rosada ya había anunciado que las nuevas presentaciones judiciales no se limitarán a las personas jurídicas. El Ejecutivo anticipó que buscará identificar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas. Las acciones contemplan tanto la ampliación de causas ya iniciadas como la apertura de nuevos procesos.

La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.

"Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", detalló Ravier.

Los avances en la Base Naval Integrada de Ushuaia

Ravier también tuvo un apartado para detallar el avance sobre el proyecto militar en Ushaia. En este sentido, aseguró que "la base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur, que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía y apoyo a la logística desplegada en la Antártida. Va a proveer a nuestro país protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P3 Orion y los nuevos aviones F-16".

"Por otro lado, la base va a traer beneficios económicos. Contará con muelles comerciales y civiles, que desarrollarán una región donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad. Desempeñará un papel importante en la protección de los objetivos estratégicos en el sur del país como vaca muerta", agregó

Por último, Ravier ahondó sobre la creación del sistema de articulación de la política exterior en el ámbito de la Cancillería. "Su objetivo es implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales relacionadas a la política exterior argentina. La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur exige una acción coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas. Sostener una postura firme y coherente en el tiempo es esencial para fortalecer nuestros reclamos ante la comunidad internacional", sentenció.

Sea Lion, el proyecto que encendió la alarma

Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, proyecto offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La operación está vinculada a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que avanzaron con el desarrollo del proyecto y prevén iniciar la extracción de crudo en 2028. Para el Gobierno argentino, el inicio de la producción implicaría un salto cualitativo en la disputa porque supondría la extracción efectiva de recursos naturales que Argentina considera propios.

Ravier planteó que el Ejecutivo considera que existe una cuestión de urgencia porque, una vez iniciada la extracción, sería más difícil impedir que las empresas continúen con sus operaciones. "Si no hacíamos algo inmediatamente, no lo íbamos a poder detener", sostuvo el vocero, al justificar la batería de medidas adoptadas por el Gobierno.

La estrategia también alcanza al RIGI y a Vaca Muerta

Además de las acciones judiciales, el Gobierno modificó el esquema regulatorio para aumentar el alcance de las sanciones. A través del Decreto 868/2026, Cancillería quedó como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y se establecieron mecanismos para detectar e informar posibles incumplimientos. También se incorporaron declaraciones juradas para quienes pretendan operar en el sector hidrocarburífero argentino o acceder al RIGI.

Según explicó Ravier, el objetivo es que una empresa vinculada con operaciones petroleras en Malvinas no pueda, al mismo tiempo, beneficiarse de las herramientas que ofrece el Estado argentino. "No va a poder participar de la explotación de Vaca Muerta", señaló el vocero, quien además destacó que algunas grandes compañías proveedoras de la industria ya emitieron comunicados para despegarse del proyecto Sea Lion y evitar quedar alcanzadas por las nuevas restricciones.

La ofensiva de Milei

La ofensiva oficial forma parte de una estrategia más amplia sobre la cuestión Malvinas. Ravier señaló que el Gobierno desplegó herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales, mientras que Cancillería ya envió numerosas notas de desaliento a empresas y países vinculados con los proyectos hidrocarburíferos. El Ejecutivo también impulsa un endurecimiento del régimen sancionatorio de la Ley 26.659.

En paralelo, el Gobierno informó que inició procedimientos administrativos contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados con operaciones petroleras en Malvinas. De esta manera, la estrategia de Milei busca elevar el costo económico y legal de participar en proyectos hidrocarburíferos en la zona disputada y trasladar la presión desde las compañías hacia toda la cadena de personas y empresas involucradas.