Siete años después del impactante atraco a la localidad de Bernardo de Irigoyen, la Justicia de Santa Fe inició las audiencias de debate oral y público contra quien la Fiscalía señala como el cabecilla de la organización criminal. Los fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo ratificaron la acusación presentada originalmente en 2019, la cual recién en 2026 logró llegar a la instancia de juicio tras diversas dilaciones procesales y suspensiones derivadas de la pandemia. Ante el tribunal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicita una pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo para el imputado, en consonancia con la extrema gravedad de los hechos juzgados.

Al detallar el accionar desplegado por la banda, el fiscal Omar De Pedro precisó que la imputación contempla cinco hechos en concurso que representaron una virtual "toma del pueblo". Durante la incursión armada realizada por al menos cuatro delincuentes, los asaltantes redujeron sucesivamente la comisaría local, el juzgado comunal, una boca de Santa Fe Servicios, la sede de la comuna y la oficina del correo. "Dejaron prácticamente sin protección a toda una población con todo lo que ello implica", remarcó por su parte la fiscal Nuzzo al recordar que los agresores sustrajeron además dos armas de fuego reglamentarias a los policías.

Respecto al botín sustraído durante el raid, De Pedro indicó que los valores contabilizados al momento del hecho rondaban los 166.000 pesos en uno de los locales robados, cifra que deberá ser actualizada nominalmente en el marco del debate judicial. No obstante, el funcionario enfatizó que el perjuicio económico resulta secundario frente al impacto social ocasionado a la comunidad. "No es solo una cuestión económica; acá se atentó contra la seguridad, contra la tranquilidad de un pueblo y contra el orden social", aseveró el fiscal respecto a los argumentos clave que presentarán en sus alegatos.

Por su parte, la fiscal María Lucila Nuzzo fundamentó el pedido de 17 años de cárcel en la ferocidad de la raíd delictiva y la peligrosidad de la estructura criminal, cuyo seguimiento requirió meses de escuchas telefónicas. Según la investigación, la banda no solo ejecutó el golpe en Bernardo de Irigoyen, sino que planeaba cometer al menos otros 20 delitos en la ciudad de Santa Fe y en localidades aledañas como Gálvez y San Francisco. "Nos topamos con una organización criminal que estaba dispuesta no solamente a cometer más hechos, sino a volver a la provincia de Santa Fe y que pudimos detener y abortar", fundamentó Nuzzo sobre la red que ya cuenta con varios integrantes condenados a penas de entre 7 y 10 años de prisión.

Para sostener la acusación durante el proceso oral, la Fiscalía presentará el testimonio de alrededor de 50 personas entre víctimas, testigos y efectivos policiales, sumado a un denso soporte probatorio. Entre las pruebas técnicas destacan pericias sobre teléfonos celulares y una selección extraída de los más de 600 CD de intervenciones telefónicas recolectados durante la investigación. "Nunca dejamos la investigación, la tenemos como si fuera ayer muy fresca y ese es el compromiso", concluyó De Pedro sobre las expectativas del MPA para lograr la condena del imputado.