Más allá de la maniobra cometida contra el anciano moribundo, la causa representa un hecho de extrema gravedad institucional debido a la supuesta intervención directa del Estado en la maniobra delictiva. Alejandro Otte, abogado querellante en representación de los sobrinos del perjudicado, enfatizó que en el acto participó la propia jefa del Registro Civil de la ciudad de Coronda. Según explicó el letrado, "estamos en presencia de un acto que institucionalmente es muy grave", ya que la funcionaria pública continuaría ejerciendo sus funciones habitualmente pese a la denuncia penal.

El avance del expediente se vio fuertemente obstaculizado por un derrotero administrativo interno dentro del Ministerio Público de la Acusación que demoró el trámite durante cinco años. Durante ese lapso, la investigación pasó por las manos de cinco fiscales distintos antes de que la audiencia para constituir a la familia como querellante pudiera concretarse en 2026, a pesar de que la denuncia original y el pedido de querella fueron radicados en 2021. Recientemente, la asunción del fiscal Dr. Lema en la Unidad Fiscal de Coronda permitió otorgar el impulso procesal que el caso requería.

Respecto a las responsabilidades penales, la investigación abarca tanto a la mujer contratada para el cuidado del hombre como a la funcionaria del Registro Civil y a los testigos del acto. Las calificaciones legales consideradas van desde falsedad ideológica hasta delitos contra el estado civil de las personas y tentativa de estafa contra los herederos legítimos. Otte destacó que los testigos presenciales terminaron aportando "información de calidad" al modificar su versión inicial sobre cómo se habría llevado a cabo la celebración del acto.

En el ámbito civil, la familia lleva adelante un reclamo por intermedio del doctor Matías Lassaga para conseguir la nulidad de la celebración del matrimonio sobre la base de un acta falsa. Una pericial caligráfica ya confirmó formalmente que la firma asentada en los documentos no pertenecía a la víctima. En cuanto a la posesión de los bienes del fallecido, que no tenía hijos, la misma se mantiene actualmente bajo el resguardo de sus sobrinos herederos.

Los hechos que originaron la causa ocurrieron en 2021, cuando una cuidadora contratada apenas tres meses antes simuló trámites oficiales utilizando la condición de un hombre con cáncer terminal. La víctima se encontraba postrada, alimentada por sonda nasogástrica y bajo medicación con opiáceos de alta potencia, lo que le impedía estar lúcido o trasladarse. Sin embargo, en un lapso de solo 13 días figuró asistiendo dos veces al Registro Civil para inscribir una unión convivencial ficticia y posteriormente un matrimonio que la persona jamás consintió.

Audio: Alejandro Otte, abogado querellante