El ingreso del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 generó preocupación en la Cámara de Diputados por incluir un conjunto de artículos que atentan directamente contra la Ley de Emergencia para personas con discapacidad, justo en momentos en que el Congreso debate su prórroga.

Según advirtió por LT10 el diputado nacional Pablo Farías, esta modificación ya había sido rechazada previamente por diversas fuerzas políticas: "Entra el presupuesto con un articulado que ya se intentó meter en otro momento y fue rechazado en general por el Congreso, con lo cual cayó como una bomba".

Asimismo, el legislador remarcó que existen fricciones dentro del propio oficialismo y sus aliados, citando la disidencia mostrada por Patricia Bullrich respecto a ciertos puntos del proyecto.

Equilibrio fiscal frente al ajuste a las provincias

Al abordar el rumbo económico de la norma, Farías aclaró que no se opone a la búsqueda del déficit cero, calificándolo como un principio válido de buena política presupuestaria. Sin embargo, enfatizó que el desacuerdo radica en las prioridades y plazos fijados por el Poder Ejecutivo. "Nadie duda que eso debe hacerse; el tema es cómo se llega a eso y qué es lo que se elige ajustar", indicó.

En este sentido, denunció que el costo fiscal se traslada a los estados provinciales mediante la reducción de transferencias y la fuerte caída de la inversión pública. Para ilustrar la gravedad de la situación en la provincia de Santa Fe, recordó que entre 2022 y 2023 la inversión nacional había descendido un 7%, mientras que bajo la administración actual la baja ha sido sensiblemente mayor.

Recortes en universidades, organismos técnicos y consumo familiar

El diagnóstico de Farías abarcó también la situación de los jubilados, las pensiones graciables y el presupuesto para las universidades nacionales, el cual se ubica un 33% por debajo de la estimación mínima calculada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A su vez, alertó sobre la quita de fondos de afectación específica a entes técnicos de control y desarrollo como el INTI, el INTA y el SENASA, cuyos ingresos dependen en parte de un porcentaje aplicado a las importaciones que intervienen en la certificación de productos.

Para exponer las consecuencias de cerrar los números a costa de servicios esenciales, el diputado apeló a una comparación doméstica: "Esto es lo mismo que no me den los números en mi casa y diga: 'Bueno, no pago más la luz, me cortan la luz; no pago más el agua, me cortan el agua'. ¿Y después cómo sigo con mi vida?".

Sectores privilegiados y el debate parlamentario

En contrapunto con el esfuerzo exigido a las provincias, las ciudades y el consumo de los hogares, el representante de "Unidos" señaló que el proyecto preserva exenciones y beneficios fiscales a sectores concentrados. Entre ellos, destacó la exención del Impuesto a las Ganancias para magistrados federales, así como los regímenes de promoción especial para la minería y la provincia de Tierra del Fuego.

Farías concluyó señalando que el fortalecimiento de la clase media y la distribución equitativa de la riqueza no figuran entre las prioridades del presupuesto, aunque anticipó que darán la discusión en el recinto: "Vamos a estar haciendo este análisis sobre el presupuesto, vamos a reclamar sobre estas partidas y vamos a dar la discusión

Audio: Pablo Farías, diputado nacional