Dos internos de la cárcel de Piñero fueron imputados por presuntamente administrar un punto de venta de drogas dentro del penal y exigir a familiares de otros presos el pago de las deudas generadas por el consumo.

La investigación comenzó después de que allegados de los reclusos denunciaran que recibían reclamos de dinero por estupefacientes comprados dentro de la Unidad Penitenciaria N.º 11. Según la Fiscalía, el circuito funcionó al menos desde abril hasta el 12 de septiembre de 2026.

Los acusados son Ezequiel Rodolfo “Colo” Romero y Axel Ignacio Herrera, ambos alojados en Piñero, además de Natalia G. y Yamila R. La fiscal Brenda Debiasi les atribuyó comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento de detención.

La jueza María de los Ángeles Granato dictó prisión preventiva para Romero, Herrera y Natalia G. En el caso de Yamila R., dispuso que permanezca en libertad bajo medidas alternativas.

Cómo funcionaba la organización

De acuerdo con la acusación, Romero conseguía los estupefacientes, establecía los lugares donde debían retirarse y fijaba los montos que tenían que pagarse. Luego daba instrucciones a Natalia G., su pareja, para ingresar la droga y acondicionarla en dosis destinadas a la venta.

La Fiscalía sostiene que para eludir los controles también utilizaban a mujeres embarazadas, quienes ingresaban como visitas y no atravesaban los escáneres. En la jerga carcelaria, las personas empleadas para transportar elementos prohibidos son conocidas como “ranas”.

Natalia G. también habría recibido pagos y reclamado las deudas a los familiares de los presos que consumían la droga. Herrera, por su parte, habría utilizado a su madre para cobrar el dinero generado por las ventas, mientras una porción de las ganancias era entregada a Romero.

Yamila R. fue señalada como la encargada de guardar y entregar los estupefacientes a las personas que posteriormente los introducían en el establecimiento penitenciario.

Durante un allanamiento en una vivienda de Cafferata al 3900, los investigadores secuestraron 153 gramos de marihuana, una balanza de precisión y dinero. En otro domicilio de Carlos Uriarte al 7700 encontraron más marihuana, una segunda balanza y anotaciones presuntamente relacionadas con las ventas.

Uno de los acusados espera otro juicio

Herrera también se encuentra acusado como presunto autor material del asesinato de Marcos Daloia, el chofer de la línea K atacado a tiros el 7 de marzo de 2024. El trabajador murió tres días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Según aquella investigación, Herrera habría subido al colectivo como pasajero y disparado dos veces contra el conductor para provocar conmoción pública. La acusación sostiene que aceptó cometer el crimen a cambio de dinero para saldar una deuda con narcotraficantes detenidos.

Romero, en tanto, cumple condenas por asociación ilícita, homicidio y por su participación en la fuga ocurrida en la cárcel de Piñero en 2021. También es señalado como integrante de la organización de Claudio “Morocho” Mansilla.

La causa por la venta de drogas dentro del penal continúa bajo investigación.