La organización Amnistía Internacional celebró los "avances significativos" registrados en 2011 en la Argentina en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, aunque reclamó al Estado por el derecho a la tierra de los pueblos indígenas.

Así lo hizo al difundir el "Informe 2012 sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo", en el que resaltó, entre otras, las sentencias dictadas en la megacausa ESMA, en el juicio por la denominada Masacre de Margarita Belén y las condenas al ex general del ejército Reynaldo Bignone, el ex policía Luis Patti y los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi.

Además, subrayó la incorporación del delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal y la ratificación del Congreso Nacional al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU, que habilita a reclamar justicia en el ámbito internacional por la violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante estos avances, Amnistía Internacional advirtió que, en el país, las comunidades indígenas "siguen viviendo bajo la amenaza de desalojo, pese a la vigencia de una prohibición total para ese tipo de procedimientos hasta noviembre de 2013", según la Ley Nacional 26.160 de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas, mientras se llevaba a cabo un estudio de ámbito nacional de los territorios.

En este sentido, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, llamó al Gobierno nacional a "avanzar en la efectiva implementación" de esta norma, y a "poner fin a la discriminación y a las persistentes violaciones a los derechos humanos de las comunidades originarias". "El Estado debe garantizar que los habitantes de esos pueblos puedan vivir en sus tierras ancestrales sin el riesgo de sufrir ataques o intimidaciones", planteó la directora en un comunicado. En este sentido, el informe da cuenta del asesinato de Cristian Ferreyra, militante del Mocase Vía Campesina, ocurrido en noviembre pasado en Santiago del Estero, y de las protestas llevadas por la comunidad qom en la Ciudad de Buenos Aires.

"Tras visitar Argentina en noviembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas expresó preocupación por el número de desalojos forzosos, por que no se hubiese implantado un sistema de protección real del derecho a la tierra y por la falta de un mecanismo de consulta a las comunidades sobre los proyectos que les afectaban", señala el informe en su capítulo sobre la Argentina. Por otro lado, Amnistía insistió, al igual que en su Informe 2011, en las "dificultades" de las mujeres "para abortar legalmente". "Amnistía Internacional encabezó durante el año pasado una campaña por la despenalización del aborto en la región. En este marco, instamos a las autoridades argentinas a cumplir con sus obligaciones internacionales, y a dar impulso al debate parlamentario", afirmó Belski.

El informe condenó, además, el resonante caso de represión policial de julio de 2011 en terrenos privados en Libertador San Martín, provincia de Jujuy, en ocasión del desalojo de unas 700 familias, en el que murieron cuatro personas. A nivel global, el Informe de Derechos Humanos destaca que, durante el 2011, "en al menos 91 países, la gente tomó las calles para exigir democracia, libertad y justicia", al tiempo que denuncia la "incapacidad" exhibida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para "llevar a cabo su función de guardián de la paz mundial" y exhorta a los Estados miembros de la ONU a aprobar este año un "sólido" Tratado sobre el Comercio de Armas.

En este sentido, la organización reclamó al Estado argentino un "compromiso activo en favor de la paz" de cara a la banca no permanente que ocupará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo bienio. A su vez, la directora ejecutiva de AI Argentina llamó al gobierno argentino a desempeñar "un papel destacado y positivo" para lograr que ese tratado "sea un instrumento con el más alto estándar". El informe presentado en todo el mundo por Amnistía Internacional es el número 50 de su historia: el trabajo incluye una mirada por regiones sobre el estado de los derechos humanos y, luego, un análisis individualizado de 155 países y territorios. Amnistía Internacional es un movimiento mundial formado por más de 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas que trabajan en favor del respeto y la protección de los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos.