El gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura santafesina un proyecto de ley para intervenir sobre el mercado de celulares robados y otros dispositivos tecnológicos de origen ilícito, con un esquema que combina "registro obligatorio de comercios, trazabilidad de los equipos, controles policiales, decomisos y sanciones" que pueden llegar hasta la clausura de los establecimientos.

En rigor, la iniciativa crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. El objetivo declarado es "intervenir sobre toda la cadena de comercialización de estos bienes", desde la compra y venta hasta la reparación, acopio, reciclado e intermediación.

Uno de los principales instrumentos será un Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, en el que deberán inscribirse quienes "compren, vendan, permuten o acopien" celulares usados, además de quienes comercialicen partes y repuestos.

Además, el proyecto establece que cada operación deberá dejar registrada información que permita reconstruir la trazabilidad del aparato, como el IMEI, la marca, el modelo, el número de serie y su "estado funcional", además de los datos del vendedor, la modalidad de la operación, el precio y el comprobante correspondiente.

Los comercios y talleres también deberán conservar documentación "que acredite la titularidad o tenencia de los teléfonos, partes y repuestos que tengan en sus establecimientos".

En tal sentido, el proyecto establece que la falta de documentación suficiente para acreditar la procedencia legítima de un dispositivo será considerada un “indicador objetivo de riesgo”. A partir de esa situación, la autoridad de aplicación podrá adoptar distintas medidas preventivas.

Entre ellas se encuentran "la inmovilización de los bienes, su identificación y resguardo" y, cuando la gravedad de los hechos lo justifique, la "clausura preventiva" del establecimiento.

Si durante una inspección aparecen circunstancias que podrían configurar un delito, deberá intervenir el Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente, el proyecto establece un régimen de sanciones que contempla apercibimientos, multas de entre uno y 1.000 Jus, decomiso de la mercadería y clausura o suspensión de la autorización para funcionar por hasta 30 días.

Control policial sobre los celulares de las personas 

Un punto sensible de la iniciativa es que el proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para ampliar las "herramientas policiales" destinadas a detectar teléfonos denunciados como robados, hurtados o extraviados.

Según el texto enviado por Pullaro, el personal policial podrá "requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico del dispositivo que tenga en su poder y verificar su situación registral mediante los sistemas habilitados".

Si la persona se negase a exhibir el aparato o su identificador, o si la consulta arrojase una coincidencia con un dispositivo denunciado o requerido, el personal policial "podrá realizar una requisa personal y secuestrar el teléfono", con comunicación inmediata al MPA.

El proyecto también modifica el Código de Faltas para establecer que quien se niegue injustificadamente a colaborar con una medida legal de identificación o verificación de un teléfono "mediante claves, contraseñas, patrones de desbloqueo, datos biométricos u otros mecanismos equivalentes, cuando exista un deber legal de hacerlo y la conducta no constituya delito", podrá recibir una sanción de hasta 20 días de arresto o una multa de hasta 10 Jus.

Por otro lado,. quien haya adquirido un dispositivo desconociendo razonablemente su origen ilícito "podrá colaborar con la autoridad para recuperarlo".