La Justicia santafesina dictó la prisión preventiva sin plazo para el hombre investigado por el ilícito perpetrado en el domicilio del delantero de Unión, Cristian Tarragona. El hecho ocurrió en la mañana del pasado 19 de septiembre en una vivienda de barrio Barranquitas, cuando el sospechoso ingresó al inmueble aprovechando la apertura de un portón mientras la familia del deportista permanecía en la planta alta. Durante el procedimiento, el sujeto logró sustraer un botín compuesto por dinero, joyas, prendas de vestir, carteras y equipos de pesca, sin que se produjera un enfrentamiento directo con los moradores.

Al término de la audiencia de medidas cautelares, el fiscal del caso, Manuel Cechini, precisó la calificación legal provisoria de la causa y justificó la necesidad del encierro preventivo para resguardar el avance de las investigaciones. Cechini explicó que la imputación inicial se encuadró como hurto debido a que se evalúa si existió fuerza o daño en el acceso al lugar. En ese sentido, el representante del Ministerio Público de la Acusación sostuvo: "Ingresó entre las 8 y las 8:20 de la mañana del 19 de septiembre al domicilio y sustrajo elementos principalmente de un garage y del living comedor".

El proceso contó con la participación directa del propio Cristian Tarragona, quien asistió a los tribunales en su condición de víctima y reconoció al imputado a partir de los registros de cámaras de seguridad incorporados al legajo. Sobre la presencia del futbolista en la sala, Cechini aclaró que "vino a participar en su carácter de víctima en la audiencia, vino a decir lo que sentía y eso no tiene influencia en la calificación porque es una cuestión puramente técnica". Asimismo, las actuaciones policiales permitieron recuperar parte de los elementos sustraídos, específicamente un reel y una caña de pescar que estaban siendo comercializados a través de plataformas virtuales.

Por su parte, el abogado defensor Javier Casco rechazó la fundamentación del dictamen judicial y cuestionó que se mantenga a su asistido privado de la libertad. El letrado indicó que el acusado y la víctima son familiares que residen a pocas cuadras de distancia, y sostuvo que existían alternativas viables para transitar el proceso, como fijar domicilio junto a la hermana del imputado en otro barrio. Al criticar la resolución, Casco afirmó que "el fiscal pidió la prisión preventiva, la cual fue dictada por el juez Silva más que nada entendiendo de que existía riesgo procesal de entorpecimiento probatorio", y enfatizó: "Ofrecí un domicilio en otro barrio donde iba a recibir la hermana del imputado, pero el juez consideró que no era suficiente; a nuestro criterio los riesgos procesales podían ser neutralizados por medidas alternativas".

Finalmente, el fallo del magistrado tuvo en cuenta que el detenido registra antecedentes penales condenatorios previos, elemento que reforzó la postura de la fiscalía durante el debate en tribunales. Ante este panorama, la defensa confirmó que no comparte el criterio sobre la severidad de la medida y que recurrirá a la instancia superior para revisar la decisión. Para concluir, Casco adelantó los pasos procesales de la representación legal y confirmó que "es por eso que vamos a presentar un recurso de apelación", con el objetivo de revertir la prisión preventiva otorgada en primera instancia.