El juez Eugenio Romanini ordenó a AR Zinc S.A. iniciar de inmediato las gestiones y tareas necesarias para estabilizar la barranca de su predio en Fray Luis Beltrán y evitar la dispersión de residuos tóxicos. La decisión se tomó tras una audiencia realizada el viernes en los tribunales de San Lorenzo, a partir de un pedido de la Fiscalía por el riesgo de derrumbe y eventual contaminación del río Paraná.

La empresa tiene 10 días para informar si optará por remover los residuos o tratarlos y contenerlos. En un plazo de 15 días deberá presentar la documentación técnica, identificar al equipo profesional responsable y entregar un cronograma de ejecución que no podrá extenderse por más de ocho meses. También deberá presentar informes de avance cada dos semanas.

Durante la audiencia, el fiscal Maximiliano Nicosia advirtió que un derrumbe de la barranca podría arrastrar contaminantes al Paraná. Según expuso, en el predio se acumulan aproximadamente 800.000 toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales, entre ellos jarosita. La Fiscalía también planteó la necesidad de impedir el ingreso de personas al lugar y de abordar el pasivo ambiental del suelo.

La ubicación del establecimiento agrega preocupación: se encuentra junto a una instalación de agua que abastece a Fray Luis Beltrán. El eventual impacto sobre el río y el abastecimiento de agua requiere una evaluación técnica; la resolución responde, por ahora, a un riesgo de contaminación, no a un derrame confirmado.

La Fiscalía sostuvo además que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían aumentar la urgencia de las medidas. Como antecedente, señaló que en 2022 un juzgado civil ya había ordenado obras de apuntalamiento de la barranca en un expediente iniciado dos años antes y que, según lo expuesto en la audiencia, la empresa no las realizó.

El cumplimiento de las medidas será supervisado por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. En la audiencia participaron, además de Nicosia, representantes de la Fiscalía de Estado encabezados por Domingo Rondina y el secretario provincial Gustavo Leonel, junto a sus equipos.