Según el informe del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), la provincia de Santa Fe registra una de las tasas de femicidios más altas del país en relación con su población. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de la organización, analizó los alarmantes datos del último informe nacional sobre violencia de género, que abarca el período desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026 y advirtió sobre la falta de recursos, el desmantelamiento de programas nacionales y solicitó la declaración de la emergencia provincial y nacional. 

El relevamiento reveló que en la Argentina se produjeron 200 femicidios en nueve meses (lo que equivale a un femicidio cada 33 horas) además de 654 intentos de femicidio en todo el territorio nacional.

Aunque la provincia de Buenos Aires lidera en cantidad absoluta de casos con 76 hechos, la provincia de Santa Fe se ubica en segundo lugar nacional con 38 femicidios. Sin embargo, al medir la proporción de víctimas en relación con la cantidad de habitantes, el escenario santafesino es el más grave del país. "Encabezamos las tasas de femicidios de la Argentina junto a Santiago del Estero y Catamarca, que son las provincias con más casos según la densidad de población femenina", alertó Sosa. 

Ante estos indicadores, MuMaLá impulsa un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para declarar la emergencia por violencia de género, iniciativa que también reiteran ante el Congreso de la Nación. Sosa remarcó que declarar la emergencia permite reducir trabas burocráticas para destinar fondos inmediatos a la contención y prevención, otorgar respaldo financiero a mujeres en situación de vulnerabilidad para que puedan salir del círculo de violencia cuando dependen económicamente del agresor y apoyar a centros de salud, escuelas, organizaciones barriales y dispositivos territoriales que detectan casos donde no hay denuncias formales.

"Es la primera vez desde el retorno democrático que no contamos con recursos para el abordaje de la violencia machista y que no existe un área del Estado nacional dedicada específicamente al cumplimiento de las leyes. No pedimos respuestas para las feministas, sino que el Estado cumpla lo que exige nuestra Constitución y nuestras leyes", declaró Sosa.

De acuerdo con el análisis del presupuesto nacional para el ciclo vigente, se registra una caída superior al 90% en la asignación de recursos destinados a programas contra la violencia de género en comparación con el año 2023, lo que afecta el suministro de botones antipánico, refugios y capacitaciones.

Consultada sobre la atención médica y posterior contención en efectores públicos como el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde se registran con frecuencia ingresos por violencia de género, Sosa explicó que el personal de salud está obligado por norma legal y provincial a registrar en la historia clínica cualquier sospecha de violencia machista, aun cuando la paciente no lo manifieste explícitamente.

Asimismo, insistió en la necesidad de consolidar mesas interinstitucionales de seguimiento en la capital santafesina para acompañar a las víctimas al momento de recibir el alta médica, garantizando un esquema de protección integral estatal y comunitario que prevenga nuevos ataques.

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