Vacantes y demoras judiciales: el reclamo del interior por más voz
La candidata al Consejo de la Magistratura, Itatí Demarchi Arballo, visitó los estudios de LT10 y advirtió sobre el impacto en quienes esperan medicamentos o respuestas a reclamos jubilatorios.
Las demoras de la Justicia federal afectan a personas que necesitan acceder a un tratamiento médico, resolver un reclamo jubilatorio o conseguir una respuesta judicial. La cobertura de juzgados vacantes y el seguimiento del desempeño de los magistrados forman parte del debate que acompaña la renovación de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La elección será el 20 de octubre, cuando se definirán cuatro representantes titulares y sus suplentes para el período 2026-2030. En ese marco, Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y candidata de la Lista 4, “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, visitó los estudios de LT10 y planteó la necesidad de dar mayor participación al interior.
Vacantes que quedan relegadas
Demarchi Arballo cuestionó lo que considera una diferencia de prioridades entre los tribunales de Comodoro Py y los juzgados federales de otras ciudades. Señaló que las necesidades de Santa Fe, Paso de los Libres y Villa María deben tener un lugar en la agenda del Consejo.
“Claramente hay una categorización y un privilegio de unas vacantes por sobre otras”, afirmó. Como ejemplo, sostuvo que en Villa María existe una vacante desde hace más de cinco años y que su tratamiento volvió a postergarse por desacuerdos.
Para la candidata, la representación federal debe servir para que esas necesidades sean defendidas por profesionales que conocen el funcionamiento cotidiano de los tribunales de cada provincia.
Las consecuencias de esperar una sentencia
La abogada vinculó las demoras judiciales con situaciones concretas de vulnerabilidad. Durante la entrevista, relató que en Jujuy conoció un caso de un amparo de salud que, según indicó, llevaba tres años sin resolución, mientras que en San Juan encontró una respuesta en 48 horas.
“No tengo ni que decirles qué pasa con una persona con una enfermedad oncológica cuando tiene que esperar tres años”, expresó.
Desde su experiencia profesional, defendió la participación de abogados litigantes en el Consejo: “Abogados que saben lo que pasa cuando se demora una sentencia”, sostuvo, al referirse a quienes acompañan diariamente a personas que esperan una decisión judicial.
También remarcó que acudir a los tribunales suele ser el último recurso: “La ciudadanía no recurre a la justicia porque tiene ganas; lo hace porque no le queda otra”.
Un observatorio para controlar las demoras
Entre sus propuestas, Demarchi Arballo planteó la creación de un observatorio federal que siga los tiempos de resolución y el desempeño de los juzgados. Consideró que esa información debería tenerse en cuenta cuando un magistrado se presenta para ascender.
“¿Qué hiciste con las demoras? ¿Qué hiciste con las sentencias? ¿Qué hiciste con los amparos?”, enumeró como preguntas que deberían formar parte de esa evaluación.
Según explicó, el seguimiento también permitiría reconocer a los tribunales que funcionan bien y distinguir responsabilidades. A su entender, la ciudadanía necesita contar con información accesible sobre el Consejo y las decisiones que toma.
“La ciudadanía no puede no saber de qué se trata cuando se habla de las elecciones del Consejo de la Magistratura”, afirmó.
El acceso de los abogados litigantes
La candidata también cuestionó las condiciones de los concursos para ingresar a la magistratura. Sostuvo que los antecedentes de quienes ejercen fuera de la carrera judicial no reciben una valoración equivalente a la de quienes ya trabajan dentro de los tribunales.
“Hay una desigualdad irritante entre las personas abogadas litigantes que quieren ingresar a la magistratura y los que vienen de la carrera judicial”, expresó.
En particular, reclamó que se reconozcan la experiencia profesional, el trabajo jurídico y la producción doctrinaria de los litigantes. Para Demarchi Arballo, ampliar esa participación permitiría incorporar al Consejo una mirada más cercana a los problemas de quienes esperan una respuesta de la Justicia.