Uno de cada tres celulares ingresa de forma ilegal al país

La directora ejecutiva de Afarte, Ana Vainman, alertó sobre el crecimiento del contrabando en los últimos dos años. Explicó cómo se comercializan esos equipos y reclamó más controles del Estado.

Uno de cada tres celulares que ingresa a Argentina lo hace de forma ilegal, según advirtió Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). La representante de la industria señaló que el avance del contrabando perjudica a los fabricantes, a los trabajadores y a la recaudación del Estado.

Vainman sostuvo que el fenómeno creció con fuerza en los últimos dos años. Recordó que históricamente se mantenía entre el 5% y el 7%, con un máximo del 10%. "Es la realidad que estamos padeciendo desde la industria que fabrica los celulares acá en Argentina", expresó.

Explicó que el sector identifica estos equipos a partir del número único de identificación de cada teléfono (IMEI) cuando se conecta a las redes argentinas. Según señaló, esa información permite conocer para qué mercado fue fabricado y detectar si corresponde a la producción nacional o a un ingreso legal al país.

Vainman indicó que la frontera con Paraguay es la más permeable para el contrabando de electrónica, aunque también mencionó ingresos por Bolivia, Aeroparque y Ezeiza. Describió modalidades que van desde el traslado de pequeñas cantidades en mochilas hasta cargamentos en contenedores y embarcaciones.

La comercialización, agregó, se realiza en plataformas de venta online, redes sociales y comercios físicos. Incluso, aseguró que detectaron locales que ofrecen equipos de ambos orígenes. "Tienen una parte legal y una parte que no es legal", señaló.

Para los compradores, la principal ventaja inicial es el precio. Vainman estimó que los celulares ingresados de contrabando pueden costar entre un 15% y un 20% menos, con diferencias que llegan al 25%, según el modelo.

Sin embargo, advirtió que esa compra puede generar inconvenientes posteriores. Según explicó, dependiendo del mercado para el que fue fabricado el equipo, pueden aparecer dificultades para instalar determinadas aplicaciones o actualizar el sistema operativo. "Con el correr del tiempo, muchas veces el consumidor también se ve perjudicado", sostuvo.

Sobre cómo reconocer posibles irregularidades, mencionó como señales de alerta los envases sin información en castellano y, cuando el aparato incluye cargador, las fichas que no corresponden al formato argentino.

La directora de Afarte también citó un informe de la consultora MAP que estimó la pérdida de unos 11.000 puestos de trabajo en distintos sectores afectados por el contrabando, no solo en la electrónica. Además, mencionó una proyección de US$3.000 millones en impuestos no recaudados durante 2026 para los 15 sectores más perjudicados por esa actividad.

Sociedad

Se lanzó un programa para detectar y bloquear celulares en las cárceles del país

En ese contexto, explicó que la entidad participa de una mesa de trabajo en la Unión Industrial Argentina y que representantes de distintos sectores visitaron Puerto Iguazú, invitados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí intercambiaron información con las fuerzas federales sobre cómo distinguir productos ingresados legalmente de otros de origen irregular.

Vainman aseguró que los fabricantes locales buscan mejorar sus procesos y reducir costos para competir con las importaciones legales. "Estamos dispuestos a competir con los productos que ingresan legalmente al país", afirmó. Pero advirtió: "Cuando la competencia es desleal, no tenés forma, no tenés manera".

Consultada por los iPhone, aclaró que no se fabrican en Argentina y que existen importadores legales. Señaló que su representación corresponde a los fabricantes locales y sostuvo que el problema aparece cuando un producto del exterior no fue debidamente ingresado a través de la Aduana.

Sobre los precios, indicó que las empresas también buscan ofrecer financiación mediante acuerdos con los comercios, en los que ambas partes absorben el costo de la tasa para facilitar las cuotas sin interés. Reconoció, sin embargo, que hoy resulta más difícil sostener planes de 12 o 18 pagos.

La dirigente reclamó una intervención firme del Estado tanto en las fronteras como en la comercialización. Aunque señaló que al principio les costó conseguir atención de las autoridades, afirmó que ahora encuentran mayor respuesta: "Estamos encontrando un poco más de eco y estamos trabajando más en conjunto".