En el marco de la presentación de su libro "Debates actuales del Proceso Penal Santafesino" en el Colegio de la Abogacía de Santa Fe, el abogado penalista Néstor Oroño analizó el funcionamiento del sistema procesal tras casi 13 años de la implementación del modelo acusatorio. Durante la entrevista brindada a LT10, el especialista explicó que su trabajo recopila la experiencia diaria del ejercicio profesional para aportar al debate sin pretender clausurar discusiones. En relación con las reformas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo provincial, Oroño enfatizó la necesidad de alcanzar acuerdos amplios entre las instituciones involucradas en la administración de justicia. Al respecto, sostuvo que "las verdaderas leyes que funcionan y que cambian las realidades son aquellas que son producto del consenso", advirtiendo que las normas impuestas sin acuerdo carecen de efectividad operativa.

Respecto al paquete de reformas procesales impulsado en la provincia, el jurista afirmó que modificar la legislación resulta innecesario dado que los recursos normativos actuales son "más que suficientes" para combatir la criminalidad. Oroño señaló que la prioridad estatal debe enfocarse en optimizar y profesionalizar la labor de la policía y de las fiscalías en lugar de otorgar facultades extraordinarias al Ministerio Público de la Acusación (MPA). En este sentido, alertó sobre iniciativas como la instauración de un "proceso monitorio" que permitiría condenas dictadas por jueces basándose únicamente en la versión del fiscal. Sobre este punto, remarcó que dicho mecanismo "entra en clara colisión con el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece el juicio previo como requisito para imponer una condena".

Uno de los ejes centrales abordados por el autor fue el agravamiento del uso de la prisión cautelar en los tribunales santafesinos. Oroño denunció la existencia de "un uso abusivo concretamente de la prisión preventiva", figura procesal que frecuentemente termina desnaturalizándose y funcionando como una pena anticipada ante el reclamo social y mediático. Para ilustrar la gravedad del panorama, expuso datos estadísticos que reflejan el marcado aumento de la población carcelaria desde la puesta en marcha del nuevo código procesal. El penalista precisó que la cantidad de personas privadas de la libertad se triplicó en la provincia, pasando de 4.500 a cerca de 14.000 detenidos, de los cuales aproximadamente el 50% no cuenta con condena firme.

Esta distorsión de la prisión preventiva genera, según el especialista, un impacto directo en la sobreutilización de los juicios abreviados como vía predominante de resolución de causas. Según las estadísticas recabadas en su investigación, "prácticamente un 90 y pico por ciento se resuelven mediante el sistema de procedimiento abreviado y un nueve mediante juicio oral y público". Para el profesional, esta desproporción evidencia cómo el sistema presiona hacia el cierre rápido de los procesos en lugar de garantizar el debate oral y público. "Esta estadística creo que habla por sí sola acerca del uso excesivo de los procedimientos abreviados", aseveró durante el diálogo radial.

Por último, el jurista abogó por articular una política criminal integral que trascienda la sola respuesta punitiva e involucre áreas clave como la educación, la prevención y la salud pública. Al analizar las causas de la delincuencia común, identificó a las adicciones como un factor criminógeno principal detrás de delitos como robos, hurtos y amenazas. En tal sentido, criticó los intentos de abordar el fenómeno de la droga únicamente a través del derecho penal sin atender su dimensión sanitaria. "La droga es fundamentalmente un problema de salud que tiene su fuerte repercusión sobre el delito; pretender combatirlo a través de la primera herramienta de la ley penal me parece una simplificación demasiado grosera", concluyó Oroño.