Organizaciones feministas, sociales y sindicales reclamaron que la Cámara de Diputados de Santa Fe avance con el proyecto de Emergencia Provincial en Violencia de Género. Durante una reunión con la comisión que aborda la temática, pidieron un dictamen que permita impulsar su tratamiento y exigieron recursos concretos para fortalecer la atención en los territorios.

El encuentro se desarrolló el 14 de octubre, luego de dos suspensiones que, según señalaron las organizaciones en un comunicado, respondieron a dificultades de la comisión para reunirse. Las entidades fundamentaron la urgencia en un registro de 42 víctimas de femicidio y 71 intentos en lo que va del año, de acuerdo con las cifras que difundieron.

Durante la reunión, las representantes describieron falencias y límites en el abordaje territorial de las violencias machistas. Plantearon que la Legislatura debe reconocer la gravedad de la situación que atraviesan mujeres y personas LGBTIQ+ de la provincia y acompañar esa respuesta con políticas públicas específicas.

La comisión se declaró en asamblea permanente, con nuevas reuniones previstas para el 21 y el 28 de octubre. Según el comunicado, sus integrantes señalaron que se sumarían otras dos iniciativas sobre la emergencia: una del Ejecutivo provincial y otra de origen legislativo.

Las organizaciones indicaron que el proyecto del Gobierno había sido anunciado públicamente hacía más de un mes, pero que al momento del encuentro todavía no había ingresado a la Legislatura. La reunión concluyó sin el dictamen solicitado para la propuesta de la diputada Claudia Balagué.

Participaron la presidenta de la comisión, Alejandra Ródenas; la vicepresidenta, Rosana Bellatti; y las diputadas María del Rosario Mancini, Silvana Di Stéfano, Lionella Cattalini y Balagué.

El reclamo fue acompañado por Mumalá, la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, ATE Rosario en CTA Autónoma, GENERAR, Se Dice de Mí y la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres de Santa Fe. Las entidades ratificaron que sostendrán el pedido de una ley que permita destinar recursos inmediatos a la prevención y la atención de las violencias.