En el marco de una movilización realizada en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, representantes del colectivo de personas con discapacidad y prestadores del sector se concentraron para solicitar el cumplimiento y la extensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida de fuerza busca visibilizar el severo deterioro en las prestaciones de salud, educación y transporte, así como la urgencia de contar con un marco presupuestario asegurado para el funcionamiento del sistema. En diálogo con el móvil de LT10, los referentes advirtieron que la falta de recursos y de un horizonte claro impacta de forma directa sobre la calidad de los servicios y sobre la contención cotidiana de los usuarios y sus familias.

Uno de los ejes centrales del reclamo responde a la severa crisis de financiamiento que atraviesan los profesionales e instituciones del rubro. Desde el sector denunciaron la naturalización de cobrar con retrasos crónicos de 90 a 120 días, una problemática de larga data que se reitera tanto en el ámbito provincial como en el nacional. "El tema del pago ya es un problema crónico del sistema; acá se ha naturalizado estar cobrando a 90 o 120 días", expresaron durante el diálogo radial para graficar la desestabilización que sufren los proyectos institucionales. Asimismo, alertaron que ante el eventual cierre de estos espacios de contención, las personas atendidas se verían obligadas a retornar a sus hogares, quebrantando la dinámica familiar.

En el transcurso de la entrevista, Tamara, integrante del colectivo de personas con discapacidad, cuestionó que diversos funcionarios públicos coloquen bajo constante sospecha la legitimidad de las pensiones y la idoneidad del sector. Para fundamentar la necesidad de contar con políticas públicas reales, expuso una cifra determinante al señalar que 8 de cada 10 personas con discapacidad no logran acceder a un trabajo formal. "Tener un empleo, un piso y una base económica te permite disputar otros espacios de participación", enfatizó la entrevistada, planteando que la pensión debe ser totalmente compatible con el empleo formal para garantizar la autonomía económica.

Asimismo, se remarcó que las prestaciones no deben encuadrarse únicamente en el ámbito de la rehabilitación médica, sino comprenderse como un derecho integral para garantizar el acceso a la educación universitaria y al transporte adaptado. Tamara denunció la aplicación de baremos administrativos que volvieron a emplear viejas categorizaciones estigmatizantes para evaluar a los beneficiarios. Ante este panorama, exigió auditorías estatales transparentes y con información accesible "para que no se nos tilde desde este sesgo de crueldad como personas que estamos siendo fraudulentas o bajo sospecha".

Finalmente, el informe de exteriores llamó a visibilizar los posicionamientos del arco político respecto a la norma disputada y sancionada en el Congreso de la Nación. Mientras algunos sectores defienden de manera explícita la promoción de estos derechos, otros actúan con especulación según la conveniencia de la coyuntura. Ante la falta de respuestas definitivas, los organizadores reafirmaron su permanencia en las calles para exigir la ratificación de la ley de emergencia y la cobertura integral de los servicios prestados.