La causa por el cobro de coimas en la planta de verificación de automotores de Esperanza ya tiene tres policías condenados y sigue abierta. Las últimas dos sentencias se conocieron este miércoles y establecieron penas de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y multas para los suboficiales involucrados.

La investigación apunta a maniobras que se habrían desarrollado al menos desde 2020: los agentes recibían dinero para realizar verificaciones de manera irregular o para omitir controles propios de su función. Esos procedimientos deben comprobar la identidad de los vehículos y detectar posibles adulteraciones o su vinculación con delitos.

"Efectivamente la investigación continúa", confirmó el fiscal del MPA Ezequiel Hernández en dialogo por LT10. Sobre las nuevas condenas, explicó que los funcionarios fueron sancionados "por recibir dinero por hacer y también por dejar de hacer cuestiones propias de su función".

Qué pasó con los vehículos

Uno de los puntos centrales es el riesgo que implicaba transferir vehículos sin los controles correspondientes. Hernández explicó que los verificadores debían corroborar que los automóviles no fueran robados, no tuvieran adulteraciones y coincidieran con la documentación presentada.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se detectaron vehículos provenientes de delitos ni adulteraciones vinculadas con estas verificaciones. "No tenemos conocimiento ni de que haya algún automóvil que haya provenido de un ilícito, ni que haya estado adulterado", señaló.

El fiscal distinguió esa situación de la responsabilidad de los policías por cobrar dinero indebidamente y apropiárselo para fines particulares. También dejó abierta la posibilidad de que aparezcan problemas en futuras transferencias: "Por supuesto que puede ocurrir", respondió cuando le consultaron si más adelante podrían detectarse diferencias en los números de motor o de identificación.

Las penas y las multas

Hernández defendió las sanciones acordadas mediante procedimientos abreviados. "Estamos conformes. Para empezar, las condenas son en procedimientos abreviados, es decir, que la fiscalía brinda el acuerdo con esta condena", sostuvo.

Explicó que la escala penal del delito va de uno a seis años de prisión y consideró adecuada la pena de tres años por las características de los hechos y porque, hasta ahora, no se comprobaron otros daños derivados de las verificaciones.

Además, destacó que las sentencias incluyen inhabilitación especial perpetua, por lo que los condenados no podrán continuar ejerciendo la función policial. Las multas equivalen al doble del dinero que la investigación logró acreditar que habían recibido.

Una gestora imputada y otro policía privado de la libertad

La causa también involucra a una gestora que continúa imputada. Según Hernández, su declaración, la documentación secuestrada en su oficina y la información extraída de su teléfono fueron fundamentales para ampliar la investigación.

El expediente comenzó en julio con una denuncia contra un solo funcionario y por un período acotado. A partir de las pruebas reunidas, la pesquisa se extendedió a más personas y a maniobras que se remontan, al menos, a 2020.

"Actualmente contamos con tres funcionarios policiales condenados, otro privado de la libertad", precisó el fiscal. La investigación sigue en marcha para determinar las responsabilidades de quienes todavía permanecen imputados.

Audio: Escuchá la entrevista con Ezequiel Hernández