Los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas vuelven a poner en discusión el derecho de la sociedad a recibir información y el papel de la prensa en el control del poder. La preocupación también alcanza al efecto que esas descalificaciones pueden tener sobre quienes investigan asuntos públicos y sobre las condiciones en las que se desarrolla el debate democrático.

Para Francisco Funes, abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Derecho de la Información Pública, el problema excede una disputa personal entre un funcionario y los medios. En diálogo con LT10, sostuvo que presentar cada crítica como un ataque político deteriora una función esencial del periodismo.

“El poder debe estar siempre bajo escrutinio”, afirmó. Desde esa perspectiva, señaló que ocupar un cargo público exige aceptar preguntas, investigaciones y cuestionamientos: “Si no te gusta que te auditen, si no te gusta que te critiquen, si no te gusta que digan cosas sobre vos, no podés ser funcionario público y menos presidente”.

Una estrategia que divide entre amigos y enemigos

Funes consideró que las descalificaciones responden a una estrategia basada en presentar la relación con la prensa como una confrontación permanente.

Cuestionó la lógica que interpreta cualquier observación sobre el Gobierno como una expresión de militancia opositora. A su entender, esa división entre amigos y enemigos es contraria al intercambio de ideas que necesita una sociedad democrática.

“El error en eso está en plantear todo como una grieta y como una guerra”, sostuvo.

También recordó que el compromiso presidencial con la Constitución incluye el objetivo de constituir la unión nacional. Frente a ese mandato, expresó su preocupación por un discurso que, desde su mirada, profundiza las divisiones.

El efecto de los insultos sobre el debate público

Durante la entrevista, el especialista advirtió sobre las consecuencias de naturalizar las agresiones y celebrarlas en las redes sociales. Su preocupación apunta a la creación de un clima que desaliente las preguntas y favorezca la hostilidad hacia quienes las hacen.

“La violencia institucional afecta a la democracia y la república”, señaló. Remarcó, además, que las expresiones de un presidente tienen un peso particular por la investidura desde la que se pronuncian.

Para Funes, la respuesta a una información cuestionada debería apoyarse en argumentos y datos. El insulto, en cambio, desplaza la discusión sobre los hechos y dificulta que la ciudadanía pueda evaluar posiciones diferentes.

“El periodismo está para eso, está para indagar y criticar”, expresó al referirse a su tarea sobre los asuntos de interés público.

Gobernar también implica aceptar límites

El abogado vinculó esa discusión con una preocupación más amplia: la concentración de poder en la Presidencia y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Según explicó, el uso creciente de decretos y el avance del Ejecutivo sobre funciones del Congreso alejan el ejercicio del gobierno del sentido republicano. En ese marco, recuperó una definición: “Ser presidente no es ser rey”.

También planteó que conducir exige serenidad para evaluar alternativas, escuchar objeciones y corregir decisiones cuando sea necesario. Esa responsabilidad, sostuvo, abarca a toda la sociedad.

“Él es el presidente, le guste o no le guste, de todos: de los que lo votaron y de los que no lo votaron”, subrayó.

Desde esa mirada, Funes defendió la libertad de expresión como una condición para que circulen ideas, se forme una opinión pública informada y puedan controlarse los actos de gobierno. La discusión, insistió, involucra tanto al trabajo periodístico como al derecho de la ciudadanía a conocer y cuestionar las decisiones del poder.

Audio: Escuchá la entrevista con Francisco Funes