Este lunes se comenzó con la lectura de la motivación del requerimiento. La Fiscalía liderada por Diego Velasco apuntó que se investiga una “compleja maniobra delictiva” a través de la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa” y a la propia familia.

Para la parte acusatoria, para sostener dicha maniobra por más de 12 años “fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas”, entre ellas sus propios hijos, funcionarios públicos y empresarios, quienes ocuparon roles tanto en las empresas Hotesur y Los Sauces como en los conglomerados societarios de los imputados.

Con respecto a los roles, los exmandatarios y Máximo Kirchner formaron en 2006 la firma Los Sauces, la cual se habría usado como “pantalla” para canalizar fondos a los empresarios imputados. El hijo de la pareja fue nombrado como presidente de la firma, mientras que el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña también tuvieron un rol en su conformación.

Máximo también tuvo actuaciones vendiendo propiedades a Austral Construcciones S.A., de Báez, “con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad”, firmó contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de Hotesur.

Otro familiar involucrado en el hecho es Romina Mercado, sobrina de los exmandatarios, quien para el fiscal “participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos” asumiendo roles como directora y presidente de Hotesur y Los Sauces.

En cuanto a Báez, López y De Souza, apuntó que “aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable” para “hacerse de los fondos públicos” y de otros “beneficios que se le garantizaban desde la esfera pública”, como también de la maniobra para que parte de ese dinero retorne a la familia Kirchner.

Cómo se financió la operación

Según las pruebas de la Fiscalía, la mayor parte de la facturación “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—”

“Los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.

En lo que respecta a Báez, apuntan que lo investigado en estas causas se encuentra ligado a los delitos juzgados en la causa Vialidad, ya que “ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse —a través de una maniobra de lavado de dinero— del trabajo de la comunidad”.

Por su parte, el Grupo Indalo tuvo un “crecimiento exponencial” durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, gracias a “negocios que dependían del control o la autorización estatal” y del “otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos”. Luego, alquilaban inmuebles de Los Sauces en el edificio Madero Center “a valores mayores que los de mercado”.

Cómo estaba conformado el directorio de Los Sauces

La acusación mencionó que Néstor y Cristina Kirchner designaron y mantuvieron “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar” para “garantizar el éxito” del lavado de dinero.

Máximo Kirchner fue nombrado como presidente de la empresa en 2006 y estuvo en el cargo hasta que fue reemplazado en 2015 por Mercado. Néstor fue director suplente hasta su fallecimiento en 2010, mientras que Cristina Kirchner ocupó este rol hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner entró en reemplazo de su padre como vicepresidente.

El fiscal apuntó que la salida de Máximo y Cristina del directorio de Los Sauces coincidió con “los lazos denunciados” con Lázaro Báez y Cristóbal López y las referencias a la firma en la causa Hotesur, que se inició en 2014.

Con respecto al funcionamiento, acusaron que tanto el diputado como la sobrina de los exmandatarios aprobaban los movimientos de la inmobiliaria. “Llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, sino que fueron entregados directamente a “empresarios amigos”.

Además, remarcaron que hubo “inconsistencias” en la confección y conservación de los libros societarios de la firma, ya que los registros contables tenían alteraciones “con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.

Por otro lado, señalaron que Los Sauces no tuvo ni sede social ni empleados para su funcionamiento como inmobiliaria. Luego, registró a dos personas como trabajadores: Florencia Kirchner -quien fue sobreseída y no forma parte del juicio- y el jardinero personal de Cristina Kirchner.