El paquete de reformas en seguridad que impulsa el Gobierno santafesino atraviesa una etapa de negociación dentro del oficialismo para reunir los acuerdos necesarios y avanzar en la Legislatura. La discusión combina el alcance de las nuevas facultades para combatir el delito con los controles que deben acompañarlas para proteger derechos y garantías.

Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales tienen previsto reunirse este jueves para abordar los proyectos. El diputado provincial Martín Rosúa sostuvo que el Ejecutivo necesita esas herramientas con urgencia, aunque no confirmó que estuvieran dadas las condiciones para emitir dictamen.

“Estamos intentando, elaborando a último momento para tratar de acercar posiciones y ponernos de acuerdo”, explicó en diálogo con LT10. El legislador defendió la política de seguridad provincial y planteó que las reformas buscan consolidar sus resultados.

Las diferencias dentro del oficialismo

Rosúa reconoció que existen discrepancias con el partido socialista, uno de los socios de Unidos, aunque las encuadró en la diversidad de posiciones de la coalición.

“En este punto, nosotros lógicamente con el socialismo tenemos miradas diferentes”, afirmó. A continuación, insistió en que “las herramientas que el gobierno necesita las necesita de manera urgente”.

El diputado señaló que la intención es avanzar sobre el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, sostuvo que el trabajo legislativo debe evaluar la proporcionalidad de cada medida y los mecanismos de supervisión.

Según explicó, el objetivo es que “cada una de esas herramientas tenga los controles suficientes para que los derechos y garantías de las personas estén asegurados”.

Allanamientos e inteligencia previa

Consultado sobre por qué hacen falta nuevas facultades si el Gobierno considera exitosa su política de seguridad, Rosúa respondió: “El delito muta, el delito se transforma, el delito se hace cada vez más sofisticado”.

El legislador describió el paquete como un conjunto de once herramientas destinadas a reforzar distintos aspectos de la intervención estatal. Entre ellas, mencionó la posibilidad de realizar un allanamiento sin orden judicial cuando se encuentre a una persona con armas y explosivos, para verificar si existe un acopio en su domicilio.

También defendió las facultades de inteligencia previa para prevenir delitos e investigar el funcionamiento de las organizaciones criminales. Planteó que se busca “dejar de investigar solamente hechos aislados, poder empezar a investigar las estructuras de las bandas criminales”.

La discusión sobre los límites constitucionales

Durante la entrevista, Rosúa fue consultado sobre las advertencias atribuidas a integrantes de la Corte Suprema provincial, particularmente respecto de la posibilidad de interrogar a sospechosos o imputados sin la presencia de un defensor.

El diputado no desarrolló ese punto específico y cuestionó la posibilidad de que el tribunal anticipe una posición sobre la constitucionalidad de las medidas. “La Corte tiene que pronunciarse a través de sus fallos”, sostuvo.

No obstante, aclaró que no había escuchado un pronunciamiento con la contundencia planteada en la pregunta. También explicó que los magistrados habían sido invitados a aportar una mirada general sobre el marco de las leyes y la política de seguridad.

Como respaldo a su posición, Rosúa recordó las discusiones que acompañaron las reformas de 2024 y sostuvo que los excesos y las declaraciones de inconstitucionalidad que se anticipaban no se concretaron. Desde esa lectura, concluyó que “el gobierno merece un voto de confianza a favor en esta nueva discusión”.