El trámite judicial por el homicidio calificado de Jeremías Monzón sumó un giro decisivo tras la audiencia celebrada en los tribunales provinciales. La pretensión compartida entre la Fiscalía de Estado, encabezada por el doctor Cecchini, y la querella de la familia de la víctima (representada por los abogados Diego Martini y el doctor Lunia) chocó contra la postura de la defensa y la resolución final emitida por el juez de la causa, el doctor Aiello.

El planteo acusador buscaba unificar la instancia del juzgamiento para todas las involucradas bajo la modalidad de juicio por jurados. Sin embargo, la magistratura decidió rechazar la unificación y fragmentar el proceso en dos carriles diferenciados: la imputada mayor de edad será enjuiciada bajo el fuero común (potencialmente mediante un jurado popular), mientras que la acusada menor de edad será procesada bajo el marco del Código Procesal Penal Juvenil de la provincia de Santa Fe, con la intervención de un juez técnico especializado.

Al ser consultado sobre el resultado de la audiencia, el doctor Diego Martini expresó la insatisfacción y la expectativa del equipo legal que representa a Romina, la madre del joven asesinado:"La pretensión que tenía el fiscal y que obviamente nosotros acompañamos era que todo se juzgue en un solo juicio y por jurado. Eso fue denegado por el doctor Aiello por razones técnicas y un sinfín de argumentos de un lado y del otro, que volcaron la balanza para que la persona mayor, en un juicio común, y la persona menor de edad con las previsiones del Código Procesal Penal Juvenil."

Los tres pilares del reclamo por un juicio unificado

La querella insistió en que juzgar los hechos de manera dividida atenta contra la economía procesal y la coherencia probatoria de un crimen que ocurrió en un mismo contexto espacio-temporal. Según fundamentó Martini, la petición de la familia respondía a tres argumentos centrales: la ley de participación ciudadana en delitos conmocionales, la unicidad del hecho delictivo y la transparencia social que ofrecen los jurados populares.

En primer lugar, el letrado remarcó que la legislación de la provincia de Santa Fe promueve la intervención ciudadana para delitos de gravedad extrema como el homicidio calificado. En segundo lugar, sostuvo que el juzgamiento unificado ofrecía mayores certezas procesales y evitaba desgaste probatorio:

"Tener un solo juicio implicaría para nosotros la posibilidad de contar con una sola tanda de pruebas, un solo pronunciamiento y una sola decisión, en lugar de que esto se desdoble en varios juicios. En algún punto, el hecho es uno solo, más allá de la participación individual de una y otra de las imputadas."

Como tercer eje, Martini destacó el valor de la transparencia del jurado popular como garante de ecuanimidad tanto para la sociedad como para las partes, asegurando que el debate ciudadano no obstaculizaba las salvaguardas especiales que protegen a los menores en conflicto con la ley penal:

"Queríamos la transparencia que implicaría acceder a un debate por jurado, manteniendo los recaudos suficientes para que todos los derechos que pueda tener una persona enjuiciada que es menor de edad se cumplan estrictamente."

El vacío normativo y las consecuencias del desdoblamiento

La raíz técnica que definió la decisión del juez Aiello reside en la falta de previsión explícita dentro del plexo normativo provincial. Si bien Santa Fe aprobó e implementó la Ley de Juicio por Jurados, el texto legal no contempló específicamente su aplicación para los fueros de responsabilidad penal juvenil.

Martini reconoció este obstáculo normativo como el argumento central aprovechado por las defensas para evitar el tribunal popular en el caso de la menor imputada:

"La Ley de Juicio por Jurado de la provincia no especifica concretamente la posibilidad de un jurado para cuando tiene que ser enjuiciado un menor de edad. Si al momento del hecho la legislación hubiese establecido esa posibilidad para el juicio de menores, hoy el debate sería únicamente sobre su constitucionalidad."

Las consecuencias prácticas de esta separación representan, según la querella, una dilación severa para el acceso a la justicia de la familia Monzón. El abogado advirtió que el trámite procesal se volverá significativamente más complejo y extenso de lo previsto originalmente:

"Para nosotros lo primero que pensamos es que esto va a ser mucho más engorroso y más largo. Se duplica prácticamente el mismo procedimiento respecto de lo que hubiese sido llevar a cabo un solo juicio por jurado."

Próximos pasos procesales y la situación de los demás involucrados

Finalizada la audiencia, las partes ingresaron en una etapa de evaluación técnica. Tanto la Fiscalía como la querella analizan si interpondrán un recurso de apelación contra la resolución del juez Aiello, a la espera de coordinar la estrategia procesal en los días inmediatos.

"Hablar de fechas de inicio del juicio es imposible en este momento", aclaró Martini, debido a que primero se deben resolver los eventuales recursos de apelación y definir la postura definitiva que adoptará el fiscal Cecchini.

Por otra parte, al ser consultado sobre el estado procesal de los demás jóvenes que estuvieron vinculados al ataque en las etapas iniciales de la investigación, el abogado querellante confirmó que no formarán parte de ningún debate oral debido a su franja etaria al momento del hecho:

"Los otros menores están sobreseídos porque en ese momento eran no punibles. Más allá de las medidas socioeducativas que puedan tomarse para personas que estuvieron en conflicto con la ley penal, al no resultarles aplicable una pena, rige un deber de reserva respecto a su situación."

A la espera de definiciones sobre la apelación, la familia de Jeremías Monzón y su equipo letrado aguardan que se estabilice el escenario procesal para avanzar hacia la fijación de las fechas de debate que determinen las responsabilidades penales de las acusadas.

Audio: Diego Martini, abogado de la familia de Jeremías Monzón.