El episodio que tuvo como protagonista a Luis Spahn frente al estadio 15 de Abril no quedó solamente en las imágenes que recorrieron el mundo rojiblanco. Unión decidió avanzar y llevar el caso al terreno institucional y judicial. Después de identificar a las dos personas que participaron del incidente, el club presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y solicitó que sean alcanzados por una prohibición de ingreso a los estadios durante dos años.

La postura de la dirigencia fue avanzar con las herramientas disponibles para que el hecho no quede sin consecuencias. Por eso, además de la presentación judicial, elevó un pedido ante las autoridades nacionales para que los involucrados sean incorporados al régimen de derecho de admisión. La solicitud ya fue realizada, aunque todavía resta conocer la respuesta oficial del Gobierno, que deberá determinar si aplica la exclusión solicitada.

La decisión representa un nuevo capítulo de un episodio que generó fuerte repercusión en Unión. Todo ocurrió el lunes 26 de octubre, una vez finalizado el encuentro frente a Estudiantes de La Plata. Spahn se retiraba de las inmediaciones del estadio en una camioneta, ocupando el asiento del acompañante, cuando fue interceptado frente al portón de acceso al sector de plateas. La escena escaló rápidamente. Una mujer y un hombre que llevaba un bebé en brazos se acercaron al vehículo, increparon al presidente y protagonizaron un intento de agresión. En medio de los reclamos, se escuchó una frase que quedó registrada en las imágenes: “Devolvé los millones de dólares”.

La secuencia fue filmada y posteriormente tuvo una amplia circulación, lo que amplificó el impacto del episodio puertas adentro de la institución. Ante el avance de la situación, el conductor de la camioneta aceleró para alejarse del lugar y abandonar la zona del estadio. Con la identificación de los protagonistas y las presentaciones ya concretadas, Unión busca que el caso tenga consecuencias concretas. Ahora la atención está puesta en la resolución de las autoridades nacionales, que deberán responder al pedido de dos años de derecho de admisión.

Mientras tanto, el club dejó clara su posición: el incidente no quedará únicamente como una escena de tensión registrada en video, sino que tendrá un seguimiento institucional y judicial.