Un hombre de 35 años identificado como Enrique Martín Lanche fue condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hijas menores de edad de la mujer que era su pareja en la ciudad de Santa Fe. La pena también se le impuso porque obligaba a las niñas a ver videos pornográficos y las amenazaba diciéndoles que si contaban algo de lo ocurrido su madre iría presa o él la mataría.

La sentencia fue impuesta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Leandro Lazzarini, Sergio Carraro y Pablo Ruiz Staiger en el marco de un juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal que investigó los ilícitos es Vivian Galeano, quien también representó al MPA en el debate.

Aberrantes

“El condenado cometió los ilícitos en perjuicio de las dos niñas en fechas indeterminadas y en reiteradas oportunidades en la casa que compartían en el barrio Alto Verde a raíz de la relación que él tenía con la madre de las víctimas”, subrayó la fiscal. “Aprovechaba los momentos en los que su pareja se iba a trabajar y él se quedaba al cuidado de las niñas”, agregó.

Galeano puntualizó que “la investigación se inició en junio del año pasado a partir de una denuncia que hizo la madre de las víctimas en la comisaría 24 de Alto Verde”, y remarcó que “de la investigación se desprende claramente que tanto la mujer como sus hijas le tenían miedo al condenado”.

La representante del MPA argumentó que “el condenado siempre tuvo el absoluto dominio de los hechos ilícitos, enmarcados en una relación de pareja marcada no solo por violencia física, sino también psicológica y económica”. En tal sentido, remarcó que “los abusos en perjuicio de las dos víctimas son de los delitos más aberrantes que se pueden cometer contra niños, niñas y adolescentes”.

Calificaciones penales

Por los ilícitos que cometió en perjuicio de las dos niñas, Lanche fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años), promoción a la corrupción de menores agravada (por la edad, la guarda y la convivencia) y amenazas.