El proyecto que busca establecer un régimen permanente para el sistema de discapacidad obtuvo dictamen en el Senado y quedó en condiciones de llegar al recinto. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría tratarse el 19 de noviembre, antes del vencimiento de la emergencia vigente, previsto para el 31 de diciembre.

El debate tiene consecuencias directas para las personas que reciben pensiones, sus familias y las instituciones que brindan atención. Entre los ejes principales aparecen la compatibilidad del beneficio con el empleo, la continuidad de la cobertura sanitaria y la regularización de los pagos a prestadores.

En diálogo con LT10, Valeria Sordo —abogada especializada en derechos de las personas con discapacidad e integrante del Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Santa Fe— valoró las modificaciones incorporadas durante el debate. Sin embargo, expresó preocupación por el calendario legislativo: “Esperamos que se pueda sancionar esta nueva ley antes de que finalicen las sesiones ordinarias”.

Para la especialista, el texto mejora las propuestas iniciales a partir de los aportes de organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores. El desafío, advirtió, será que esas previsiones se traduzcan en financiamiento efectivo y continuidad de la atención.

Trabajar sin perder automáticamente la pensión

Uno de los aspectos que Sordo destacó es la posibilidad de combinar la pensión con un empleo o un emprendimiento dentro del límite de ingresos previsto. El proyecto conserva esa compatibilidad con el trabajo formal o el monotributo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un umbral de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Según explicó, el temor a perder el beneficio se convirtió durante años en una barrera para buscar trabajo. “Muchas personas que tienen una pensión no contributiva por discapacidad no accedían a un empleo o a una práctica, aunque sea para intentar incluirse en el mundo del trabajo, por el miedo a perder la pensión”, señaló.

La preocupación excede el ingreso económico. Sordo remarcó que la pensión también permite acceder al programa Incluir Salud y, mediante este, a las prestaciones y apoyos que pueden resultar necesarios para sostener la inclusión laboral.

Por eso consideró positivo que la transición hacia el empleo pueda hacerse con acompañamiento, especialmente entre los jóvenes. La meta, sostuvo, debe ser favorecer el acceso a un trabajo formal que permita autonomía y cobertura de seguridad social.

Los pagos y la continuidad de los servicios

La abogada también puso el foco en la situación de profesionales e instituciones. Explicó que el atraso de los aranceles frente al aumento de salarios, honorarios y servicios compromete seriamente la atención.

Según Sordo, durante la discusión se corrigió una disposición que podía impedir que un prestador continuara reclamando el saldo de una deuda después de recibir un pago parcial. También valoró la previsión de recursos para recuperar las diferencias pendientes.

El texto contempla un cronograma para regularizar compensaciones: el Poder Ejecutivo deberá comunicarlo dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia y prever la cancelación en 90 días para quienes hayan completado el trámite administrativo.

Para Sordo, el objetivo debe ser que las instituciones puedan afrontar sus obligaciones y que los valores reconozcan el costo real de la atención. Sobre su cumplimiento, sintetizó: “Esperemos que sea así”.

Audio: Escuchá la entrevista con Valeria Sordo