El proyecto de ley formaliza el cumplimiento de una manda constitucional para dotar a la provincia de un marco procedimental propio que haga efectivos los derechos de usuarios y consumidores. Elaborado por una comisión de trabajo integrada por universidades, cámaras empresarias, sindicatos, cooperativas y asociaciones de consumidores, el texto ingresó a la Cámara de Senadores para su abordaje legislativo. Al respecto, el Secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, remarcó que "nuestra provincia venía en deuda con una ley de implementación de esa ley nacional en nuestra provincia", advirtiendo que sin mecanismos administrativos claros los derechos no se terminan aplicando.

En términos de procedimiento, la propuesta plantea fijar audiencias administrativas en plazos de hasta 15 días hábiles para agilizar las resoluciones y evitar la judicialización extrema de los conflictos. Asimismo, se centralizará la atención a través de la Dirección de Defensa del Consumidor para unificar las gestiones en una sola ventanilla provincial. Sobre el esquema operativo, Cándido enfatizó que el objetivo es reorganizar las herramientas del Estado "sin crear nuevas estructuras, sin crear nuevos cargos públicos, sino con lo que ya el gobierno tiene en sus estructuras".

La normativa contempla además aspectos vinculados a la digitalización de los trámites y la regulación de nuevas tecnologías aplicadas al comercio. Entre los puntos destacados se exige transparencia en los algoritmos e inteligencia artificial empleados para la promoción del consumo, al tiempo que se regulan las acciones colectivas para canalizar reclamos masivos bajo una única representación. "Si se consagra como se envió el proyecto, va a ser una de las leyes más modernas en esta materia en la Argentina", aseveró el funcionario provincial.

Un capítulo central de la norma aborda la prevención del sobreendeudamiento mediante el fomento del crédito responsable. Las entidades prestadoras deberán evaluar la capacidad de pago de los solicitantes, brindar resúmenes explicativos por escrito, evitar la publicidad engañosa e incorporar contenidos de educación financiera en la currícula escolar. Cándido explicó que "los que prestan van a tener que explicar claramente cómo funciona el crédito" y analizar los ingresos del usuario para no otorgar préstamos a quienes ya se encuentran sobreendeudados.

Finalmente, el proyecto contempla un régimen sancionatorio con multas de hasta 300 millones de pesos, aplicando criterios de proporcionalidad según la escala de la firma responsable. En ese sentido, Cándido distinguió que "no es lo mismo una multinacional que una empresa pyme familiar", ya que un monto de esa magnitud podría quebrantar a una firma menor mientras que para una gran corporación no representa el mismo impacto. Tras su ingreso formal al Senado, se prevé debatir la iniciativa en jornadas públicas con la intención de sancionarla antes del cierre del período legislativo.

Audio: Juan Cruz Cándido, Secretario General de la Gobernación