Las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin autorización del Gobierno
La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a revisar, fiscalizar y autorizar las variaciones tarifarias, luego de que el máximo tribunal invalidara un artículo del decreto 70/23 de desregulación
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. La decisión obliga a la Superintendencia de Servicios de Salud a recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes
La decisión del máximo tribunal tiene un doble impacto relevante. En primer lugar, una influencia directa sobre cerca de 500 causas análogas que aun tiene pendientes de resolver. Asimismo, podría influir en muchos reclamos iniciados por otros afiliados en diversos tribunales del país, y por aquellos que ya pagaron y reclamarán su restitución.
El fallo confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata en una causa iniciada por una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido de 6,26%.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el decreto 70/2023. La causa llegó a esa instancia por recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
El regreso del control estatal sobre las cuotas
Los artículos anulados habían derogado una disposición de la ley 26.682 y modificado otra que sometía a supervisión estatal los valores de las cuotas de los servicios de salud. Con la decisión judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar las modificaciones tarifarias y a garantizar que sean razonables.
El organismo también recuperará la potestad de autorizar incrementos cuando estén fundados en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Sin embargo, la Corte revocó la parte de la sentencia de La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor.
La decisión no fija un tope automático vinculado a la inflación, sino que restituye las competencias regulatorias de la autoridad de aplicación. La revisión de cada incremento deberá quedar sujeta a los criterios previstos por la normativa que volvió a regir.
La falta de una urgencia que justificara el decreto
La Corte sostuvo que la Constitución Nacional admite que el Poder Ejecutivo ejerza facultades legislativas solo bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Para dictar un decreto de necesidad y urgencia, debe existir una imposibilidad de que el Congreso sancione una ley por el procedimiento ordinario o una urgencia que requiera una solución en un plazo incompatible con ese trámite.
El tribunal recordó su doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia, ratificada en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto. Bajo ese criterio, señaló que los considerandos del DNU no ofrecían una justificación mínima de las circunstancias excepcionales que permitieran eliminar los controles sobre los precios de las prepagas.
La mera invocación de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la liberación de restricciones de precios no acreditaba una urgencia de tal magnitud. Tampoco se demostró una relación concreta entre la emergencia económica y social planteada por el Poder Ejecutivo y la supresión de las facultades de control estatal.
La Corte subrayó que los criterios de conveniencia del Poder Ejecutivo no pueden justificar la imposición de un régimen excepcional. La Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre el tratamiento de una ley en el Congreso y la aprobación más rápida de contenidos materiales mediante un decreto.
El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitó a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y no implica emitir opinión sobre los demás aspectos del decreto.