Qué cambia con la nueva ley de discapacidad

El Senado aprobó por unanimidad una ley permanente a semanas del vencimiento de la emergencia. Por LT10, dos referentes santafesinas explicaron cómo se actualizarán los aranceles de las prestaciones y qué falta para que los prestadores cobren lo adeudado.

El Congreso sancionó una nueva ley de discapacidad que le da carácter permanente al sistema de apoyos, hasta ahora sostenido en parte por una emergencia que vencía el 31 de diciembre. En Santa Fe, las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad recibieron la votación con alivio. Su atención está puesta ahora en la reglamentación y en el acceso efectivo a prestaciones que muchas familias necesitan todos los días.

Gabriela Ortolochipi, presidenta de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe (Uendisfe), contó por LT10 que el pedido inicial del sector era prorrogar la emergencia. Cuando el oficialismo presentó su propio proyecto, las organizaciones fueron consultadas durante el debate en Diputados y consiguieron incorporar cambios. La aprobación, resumió, «da un poco más de tranquilidad», aunque pesa la experiencia de los últimos años: «La ley de emergencia en discapacidad, que era la que vencía ahora en diciembre, se hizo realidad porque no se cumplía todo lo que ya estaba legislado».

Qué pasa con las prestaciones y los aranceles

Para Ortolochipi, el alcance de la ley se entiende al mirar qué apoyos puede necesitar una persona a lo largo de su vida, desde la atención temprana al nacer hasta la posibilidad de vivir en un hogar permanente si así lo desea y lo necesita. «Necesitamos básicamente que esto sea universal y gratuito», sostuvo. El costo, explicó, puede convertirse en una barrera para las familias: «Porque si ya hablamos de costos, hay un montón de gente que quedaría fuera».

Según detalló, la ley conserva un arancel único para cada prestación y mantiene la actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes. El reclamo que quedó pendiente es la incorporación al arancel de un atraso que estimó en «un 30 y pico por ciento», acumulado durante los meses de mayor inflación en los que los valores permanecieron sin cambios. La norma mantiene las compensaciones económicas, pero ese reconocimiento no se suma al valor que se toma como base para los próximos aumentos.

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Las compensaciones que todavía esperan los prestadores

Mariela Peña, abogada responsable de Incluime, entidad que asesora a personas con discapacidad en Santa Fe, explicó por LT10 por qué el paso de una emergencia a una ley permanente tiene importancia para el sector. «Vivimos de emergencia en emergencia y no resolvemos las cuestiones de fondo», señaló. Para la abogada, la primera prueba será la reglamentación. Recordó que la ley anterior «tenía 18 artículos y luego se reglamentaron ocho» y que las organizaciones tuvieron que recurrir a la Justicia para reclamar su cumplimiento.

Hay una deuda concreta detrás de esa expectativa. La nueva norma prevé un cronograma de pago para las compensaciones que los prestadores reclamaron bajo la emergencia. Peña contó que ya entregaron las facturas y las planillas exigidas. Su balance fue claro: «Estamos en noviembre y todavía no se abonó».

Cómo acompañan a quienes tienen su pensión en revisión

Ortolochipi también se refirió a las auditorías. Explicó que las entidades respaldan los controles y cuestionó cómo se citó a las personas en revisiones anteriores. Algunas debían viajar cientos de kilómetros desde su casa. Otras, recordó, «se enteraban de casualidad».

Según Peña, la red federal de la que forma parte Incluime registra 27.000 personas en todo el país que atraviesan el proceso de revisión de sus pensiones. Esta vez, las asociaciones cuentan con una nómina para identificar a quienes necesitan asesoramiento. El trabajo más urgente es ubicar a las personas que cambiaron de domicilio y podrían desconocer que tienen un trámite pendiente. «Hay muchas personas que han cambiado su domicilio y ni siquiera están enteradas», advirtió.

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