Confirman el procesamiento contra Cositorto por 1.095 estafas

El perjuicio atribuido durante el período investigado fue estimado en más de 16 millones de dólares, más de 4 millones de pesos y 6.500 euros, además de bienes registrables cuyo valor no fue determinado.

La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento contra Leonardo Cositorto y a otros integrantes de Generación Zoe por 1.095 estafas cometidas a través de la supuesta empresa de educación financiera. A su vez, en el dictamen se decidió revocar los sobreseimientos de otros imputados.

Se atribuyó a los imputados haber integrado, con distintos niveles de intervención y permanencia, “una organización que habría funcionado, al menos, entre 2019 y abril de 2022, bajo el nombre de fantasía Organización Zoe, destinada a la comisión de distintos delitos y cuya actividad se habría centrado principalmente en la captación de fondos de terceros mediante la promesa de elevadas rentabilidades y retornos económicos”.

En la resolución se describe “un esquema piramidal de recaudación de fondos, sustentado en la intervención de distintas personas con funciones ejecutivas y logísticas, que habrían actuado a sabiendas de que los compromisos asumidos con los aportantes no serían cumplidos”.

Según la hipótesis trazada, la organización habría operado mediante una estructura con división de funciones y distintos niveles de responsabilidad, encabezada por Cositorto, a quien se le asignó su conducción. En un nivel similar, como jefes u organizadores de su estructura central, se ubicó a otros implicados, destaca el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La empresa se presentaba como próspera y solvente, “a través de la cual ofrecían cursos de coaching, trading y liderazgo, junto con distintas alternativas de inversión vinculadas, entre otras cosas, con criptoactivos, tokens, proyectos inmobiliarios y supuestas inversiones respaldadas por oro”.

Para desarrollar esa actividad, la organización contaba con numerosas oficinas distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Parte de las operaciones investigadas también habrían tenido origen en dependencias ubicadas en el extranjero, entre ellas Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.

El perjuicio atribuido durante el período investigado fue estimado en más de 16 millones de dólares, más de $4 millones y 6.500 euros, además de bienes registrables cuyo valor no fue determinado.

Los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi también revocaron 23 sobreseimientos que habían sido dispuestos previamente la jueza María Alejandra Alliaud, al sostener que todavía se debe analizar sus vinculaciones con la estructura piramidal.

Este mismo acto fue aplicado a 12 personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos derivados de las maniobras defraudatorias de Generación Zoe.