La Asamblea de Accionistas de YPF eligió al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y al gerente general de la compañía, Miguel Galuccio, como representantes del Estado nacional en el directorio, mientras que el grupo español Repsol tendrá un delegado.

Tras la Asamblea, en su primera reunión, el directorio designó a Galuccio como presidente y CEO de la compañía, quien agradeció el nombramiento y dijo sentir un "profundo orgullo" por acceder a ese cargo.

La conformación del nuevo directorio de YPF forma parte de la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de expropiar el 51 por ciento del paquete accionario de la compañía que estaba en manos de la española Repsol, en una medida aprobada por ley del Congreso. En el marco de la Asamblea, los abogados de Repsol plantearon la "ilegalidad" de la convocatoria, como parte de la impugnación general que realizó el grupo español a todo el proceso de expropiación de YPF, en cuyo paquete accionario tendrá una participación del 12 por ciento.

Este porcentaje está integrado por el 6,4 por ciento que aun mantenía en su poder de los españoles y otro 6 por ciento que
estaba en manos del grupo Petersen, pero tuvo que entregar por la falta de pago de los créditos con los que los Eskenazi habían adquirido su participación en YPF. Los españoles consiguieron retener un sillón en el nuevo directorio (Luis García del Río), que estará compuesto por 17 miembros titulares y 11 suplentes.

Dentro de ese cuerpo de 17 miembros, Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz ocuparán un asiento permanente y titular cada una, mientras que la quinta vacante será rotativa entre las otras seis provincias petroleras comenzando por Río Negro. Para este martes, está previsto un acto que será encabezado por la jefa de Estado y en el cual se darán detalles del plan de
operaciones.

Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), encabezó la Asamblea desarrollada en la sede de la empresa y, de esa manera, se puso fin a la intervención que había dispuesto el Poder Ejecutivo. Según se informó, por las acciones clase A del Estado fue designado Kicillof como director titular, y Patricia María Charvay como suplente. La nómina de titulares se completa con los designados por las acciones clase D en poder de accionistas privados y las expropiadas por el Estado nacional a la energética Repsol.

En representación del Estado y la Anses se nombró a: Galuccio -actual CEO-; Carlos Alfonsi, Gustavo Nagel (Neuquén), Roberto Ivovich (Santa Cruz), Oscar Cretini (Chubut), Walter Vázquez (Mendoza), Rodrigo Cuesta, Fernando Giliberti y Fernando Dasso; Oscar Lamboglia (Río Negro) y Guillermo Pereyra (representante de los trabajadores) tendrán un cargo rotativo con mandato de 6 meses.

Como independientes fueron designados: Eduardo Basualdo; Héctor Valle; José Iván Brizuela y Sebatián Uchitel. En tanto que la nómina de suplentes fue también decidida por el Estado: Sergio Afronti; Ricardo Esquivel; Luis Alberto Bontempo (subsecretario de desarrollo urbano y vivienda del Ministerio de Planificación); Carlos Lambré; Francisco García Ibáñez; Ricardo Soporiti; Manuel Arévalo; Carlos Calo y Gerardo Doria Muñoz.

Mientras que la petrolera Repsol consiguió ubicar a Pablo Blanco Pérez en este grupo y en minoría. El encuentro, del que también participó el ministro de Planificación, Julio De Vido, arrancó a las 11:00 y se llevó a cabo con la asistencia de 39 accionistas por un total de 380.638.786 acciones, lo que representó el 96,78 por ciento del capital de la sociedad. "Repsol y los inversores minoritarios hicieron planteos respecto de la nueva ley, cuyas dudas fueron evacuadas", explicó el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.

Agregó que la entidad que encabeza le otorgó a YPF una prórroga de 60 días para presentar el balance y señaló que se convocará a una nueva Asamblea, con fecha aún a confirmar. "Tenemos satisfacción por haber cumplido la demanda legal, y
que YPF tenga nuevas autoridades con este desafío que implica que el Estado nacional y la provincias tienen la mayoria, para que la empresa crezca y se valorice", consideró.

Durante la Asamblea y frente a la sede de la compañía, un grupo de ex trabajadores solicitó que se los considere en el Programa de Propiedad Participada establecido durante la privatización. En los once puntos del orden del día tratados en la Asamblea, el Estado Nacional obtuvo la mayoría de los votos, informó la firma en un comunicado. Según el estatuto de YPF, el directorio debe quedar conformado por un mínimo de 11 miembros y un máximo de 21. Tras la reestatización del 51 por ciento de las acciones, el Gobierno nacional posee el 26,01 por ciento de esos papeles, mientras que las provincias productoras, un 24,99 por ciento.