Cristina ratificó que pagarán el Boden 2012 en dólares

La Presidenta afirmó que se pagará la deuda en dólares, con reservas. Alak intentó desmentir que el nuevo Código pesifique los contratos en moneda estadounidense pero los abogados dudan.

La presidenta Cristina Fernández ratificó ayer que el Gobierno pagará los u$s 2.300 millones de deuda correspondientes al vencimiento del Boden 2012 en dólares, en agosto próximo, para desarticular los rumores de pesificación de esos compromisos. En tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, intentó desmentir la pesificación de contratos contenida en el proyecto de Código Civil y Comercial enviado por el Ejecutivo al Congreso, pero no aclaró las dudas de los abogados, que reciben cada vez más consultas sobre los efectos que acarrearía la iniciativa oficial.

“Nosotros tenemos que pagar la deuda que otros gobiernos contrajeron y vamos a pagar en dólares, como vamos a pagar el Boden 2012, que vamos a terminar de pagar este año y en dólares, como se debe”, dijo la Presidenta ayer, al presentar la nueva línea de créditos hipotecarios financiada por el Tesoro y la ANSeS. Ratificó así lo que había dicho la semana pasada, cuando afirmó que esas obligaciones se iban a pagar “dólar por dólar”. El otro pago fuerte es en diciembre, cuando deberán afrontarse otros u$s 2.500 millones correspondientes al cupón PBI.

Cristina intentó calmar a los mercados, que habían reaccionado el lunes con fuertes caídas luego de que se conocieran las modificaciones que el Gobierno hizo al proyecto de Código Civil y Comercial, que incluyen la posibilidad de pagar deudas contraídas en divisa extranjera en pesos al tipo de cambio oficial. Ayer, los títulos públicos recuperaron terreno. Desde temprano, Alak ratificó la voluntad del Ejecutivo de cumplir con esos compromisos en dólares. “Quiero desmentir en forma categórica” que la iniciativa “enviada al Congreso de la Nación prevea la pesificación de contratos, depósitos bancarios o títulos. Esa posibilidad no existe en el articulado del proyecto de Código Civil y Comercial”, dijo el ministro de Justicia.

Alak fue el funcionario designado por la Casa Rosada para “desmentir”, según sus palabras, la “pesificación” de contratos. El artículo 765 del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial permite cancelar obligaciones en divisa extranjera “dando el equivalente en moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial”.

El ministro mencionó que el artículo 962 del proyecto “establece expresamente que lo que acuerden las partes (...) tiene plena validez y que las normas de los contratos del Código Civil son supletorias, no de orden público” y operan “en caso de que los particulares no hayan expresamente establecido cláusulas, en este caso, de cobrar cuotas en moneda extranjera”. En otras palabras, rige lo que los abogados denominan pacta sunt servanda (en latín, “lo pactado obliga”), o la primacía de la voluntad de las partes sobre las normas que no sean de orden público.

De los dichos del ministro se desprende que quien quiera cobrar en dólares debe dejar expresamente asentado en el contrato que no aceptará otra forma de pago, interpretó un letrado de una importante firma de abogados.

Además, marcó sus dudas al respecto de la “no pesificación”. Es que el artículo 7 del proyecto consigna que “las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”. En última instancia, indicó el experto que pidió reserva de su nombre, un juez deberá determinar si corresponde pagar en pesos una obligación asumida en otra moneda.

Por último, Alak remarcó que los ahorros en moneda extranjera no se tocarán. El artículo 1.390 indica que “todos los depósitos en moneda extranjera serán devueltos por las entidades financieras en moneda extranjera”. El texto legislativo señala que el “banco depositario (...) tiene la obligación de restituirlo (al depósito) en la moneda de la misma especie”.

El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, había desmentido un proyecto oficial para pesificar por ley la economía.