La tendencia es clara y sostenida: a medida que pasan los meses, la deuda de las empresas distribuidoras de energía eléctrica (las que llevan el servicio al cliente final) con Cammesa, una compañía mixta pero en la práctica conducida y financiada por el Estado, es cada vez mayor. Así lo atestiguan los números de ese organismo, que suelen ser resguardados con celo por los funcionarios. De acuerdo con las últimas planillas de la entidad, al 6 de junio unas 13 empresas le debían casi $ 360 millones, un 43% más que los $ 250 millones que marcaban sus registros al 16 de marzo, casi tres meses antes.
Cammesa es la empresa administradora del mercado eléctrico creada durante los años ’90. Si bien es un organismo pentacefálico (participan las cuatro asociaciones que representan a proveedores y consumidores, así como al Estado), durante el kirchnerismo se convirtió en una mano ejecutiva del Gobierno. Se encarga de recibir los pagos de las distribuidoras (le cobran a los usuarios finales) y girarle los fondos a los generadores (como Central Puerto, Dock Sud, Costanera), que se llevan la parte más gruesa de la factura eléctrica. Así, la falta de pago de las distribuidoras desfinancia a Cammesa, que debe acudir a fondos del Estado.

Desde hace unos 10 días, La Cámpora tomó un fuerte control de su gestión. Fue a través de las designaciones de Juan Manuel Abud –cercano al viceministro de Economía, Axel Kicillof–, y Paula Español, la número dos de Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio Exterior.

Cammesa decidió desagregar sus acreencias en dos ítems: los judicializados y los que corresponden a la operación cotidiana del sistema. De acuerdo con fuentes del mercado, decidió hacerlo debido al incremento de los pasivos a cobrar que implicaba el primer ítem.

La deuda judicializada asciende a $ 215 millones, más del doble de los $ 104 millones de marzo. Y responde a la rebeldía de EPEC y EPE, las distribuidoras de Córdoba y Santa Fe, gestionadas por las gobernaciones de Juan Manuel De La Sota y Antonio Bonfatti. Ambas empresas aplicaron aumentos de tarifas aunque el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, les anticipara que si hacían eso les quitaría el equivalente en subsidios.

Las distribuidoras aplicaron subas pero continuaron pagando los valores anteriores, de manera que comenzaron a acumular una deuda desde la contabilidad de Cammesa. Pero la Justicia les otorgó medidas cautelares que las eximen, al menos de momento, de pagar lo que exige el Gobierno.

El otro carril de los pasivos también se inclina al alza. Hasta la primera semana de junio, una decena de distribuidoras habían dejado de pagarle a Cammesa $ 143,53 millones. El número creció apenas un 5% desde mediados de marzo, pero en la primera quincena del tercer mes del año había dado un salto por encima del 40%.

En el sector empresario aseguran que las deudas con el Estado son un producto del propio Estado. “Ante la falta de caja, las empresas prefieren no pagar la energía que venden y financiarse de esa manera”, explicó un ejecutivo del sector. Es porque el retraso de tarifas, que están congeladas desde hace décadas, en un contexto de incrementos salariales y de costos en general, restringe cada vez más el margen de acción.

Todos en el mercado eléctrico están expectantes con respecto al futuro de Edenor y Edesur, cuyas facturas mensuales con Cammesa superan al resto. Ambas registran pérdidas en sus balances, afrontan paros del sindicato de Luz y Fuerza y tienen una liquidez cada vez menor. Hasta ahora, eligieron saldar sus compromisos.

Además de la cuenta con la empresa mixta, ambas firmas tendrán que afrontar en los próximos meses los pagos de sus deudas con bancos e inversores. Hoy, Edesur desembolsará $ 33 millones para cubrir el último vencimiento de un bono a cinco años en moneda local. Y Edenor pagó alrededor de u$s 9 millones en abril, y deberá afrontar un desembolso de u$s 13 millones en octubre. Si bien las cifras no son muy elevadas, ejercen presión sobre sus cuentas.