Hoy será una jornada crucial para la batalla legal que ha mantenido en los últimos años el gobierno argentino contra los fondos buitres tras el default de la deuda en 2002. La Cámara de Apelaciones de Manhattan recibirá a los abogados del país, de los acreedores, y del gobierno de los Estados Unidos para escuchar los argumentos de cada uno, en una demanda que realizaron contra la Argentina los grandes tenedores de bonos en cesación de pagos.

Meses atrás el juez de primera instancia del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa, falló a favor de los acreedores en este caso. Pero dejó la sentencia en suspenso, a la espera de que defina la Cámara de Apelaciones. Ahora este organismo debe tomar una decisión.
Los acreedores presentaron un recurso judicial denominado “Pari Passu”, a través del cual exigen el mismo trato que el resto de los bonistas que ingresaron al canje de deuda. Es decir que si la Argentina paga periódicamente (como lo hace) los títulos públicos reestructurados, piden que también abone los intereses y el capital de los bonos en default, y no ser discriminados.

La jugada –fomentada por los dos grandes fondos buitres Dart y Elliot– involucra títulos en cesación de pagos por una suma estimada en u$s 2.000 millones. En este contexto, el gobierno de los Estados Unidos también intervino en la causa, y a favor del país. No porque le simpatice la postura argentina frente a los acreedores, sino por el riesgo que supone para el sistema financiero internacional que avance la acción de “Pari Passu” que impulsan los fondos buitres.

Los Estados Unidos argumenta que si se convalida esta postura se perderían los incentivos para realizar reestructuraciones de deuda voluntaria en el futuro. Dado que los acreedores sabrían que aún si no ingresan a algún canje de deuda (de un país o una compañía) luego podrían reclamar de todas formas el pago de los cupones y capital de los bonos antiguos. “Esto es inductivo a que no prosperen los procesos de restructuración amigables”, explicó una fuente oficial sobre la postura de los Estados Unidos.

De todas formas, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos no se va a expedir hoy sobre la causa. Se limitará a escuchar los argumentos de las tres partes: fondos buitres, el gobierno argentino y el gobierno estadounidense. Recién tomará una decisión final en los próximos meses. La Argentina, claro, cuenta con el respaldo clave del gobierno estadounidense, por lo que parece, a priori, correr con ventaja tras el revés en primera instancia.

La Argentina realizó en 2005 la reestructuración de la deuda en default que en ese momento ascendía a alrededor de u$s 100 mil millones. Logró una quita en torno al 65%. Y tras posteriores reaperturas menores el grueso de los acreedores aceptaron la propuesta oficial. Pero subsisten fondos, denominados buitres, cuyo estrategia consiste en comprar bonos a precio de default y luego encarar una batalla judicial –que puede llevar varios años– para intentar cobrar la mayor parte de esos títulos.