El Gobierno anunció que resolvió "suspender nuevas actuaciones" relativas al Canal Martín García hasta tanto el Gobierno uruguayo "se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos", expresadas por el Tribunal de Cuentas del vecino país.

Así lo informó la Cancillería en un comunicado, en el que destacó que "es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del Gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría".

La cartera que conduce el canciller Héctor Timerman remarcó además que el canal Martín García es un emprendimiento a cargo de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es un organismo binacional "cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo", y subrayó que la decisión es tomada "ante la situación de duda planteada por uno de los socios, basadas según los auditores uruguayos en ´información reservada´ y a la cual el otro socio (Argentina) no ha tenido acceso".

Finalmente, la Cancillería subrayó que "el Tribunal de Cuentas en su trabajo contradice lo expresado por el canciller Luis Almagro el 12 de junio en la Honorable Cámara de Senadores del Uruguay", cuando afirmó que "tal como ha señalado el señor Embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva –ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos".

INFORME ARGENTINO

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) argentina consideró que no hubo irregularidades en la extensión de un contrato para dragar el canal Martín García, luego de que el Tribunal de Cuentas (TCR) de Uruguay marca sus "dudas" sobre la regularidad de ese acuerdo. Los informes difieren sobre la actuación de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) respecto a la extensión del contrato de la empresa Riovía para el mantenimiento del dragado del canal Martín García a un costo de 1.262.500 dólares mensuales.

Mientras que la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas (TCR) de Uruguay marca "dudas" sobre la regularidad del acuerdo; el informe de la SIGEN señaló que el precio acordado es razonable. Según publicó el diario uruguayo El País, la auditoría de la SIGEN hizo un extenso racconto de lo que es la CARP, las funciones que debe cumplir, el modo de funcionamiento y el historial del contrato con la empresa Riovía.

Afirma que "el monto resultante de la negociación entre las partes (US$ 15.150.000 anuales), resulta razonable en relación con los montos calculados según los criterios de actualización aplicados". "Los mismos se basaron exclusivamente en variaciones de índices generales (precios mayoristas) y particulares (insumos y salarios) de Uruguay, que habrían impactado en algunos componentes del precio, y así, en la ecuación económica financiera del contrato de marras", agregó.