En la primera jornada, la Fiscalía Federal y la querella pidieron la detención de seis de los diez ex policías y militares imputados que aún gozan de la libertad y el cambio de calificación legal de desaparición forzosa de persona a homicidio agravado.
“Todos los imputados vienen imputados por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada, lo que implica que no están acusados por los homicidios que efectivamente se han cometido. Por eso el cambio de calificación que se pidió hoy es al de homicidio agravado por alevosía con la participación de dos o más personas, además del de asociación ilícita”, explicaron a Télam desde la fiscalía.

Esta mañana, los miembros del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza comenzaron a juzgar la participación de diez ex policías y militares en la privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de 28 personas, dos de las cuales aún permanecen con vida como son Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez.

Se trata del ex capitán Dardo Migno, quien revistó en la Compañía de Comunicaciones de la 8va Brigada; el Mayor Paulino Enrique Furió, ex Jefe de Inteligencia del Ejército que cumplía funciones en el Comando de la 8va Brigada; Juan Antonio Garibote, quien perteneció al grupo de inteligencia G2 desde el 15 de diciembre de 1976 hasta octubre de 1978; y Ramón Angel Puebla, oficial que ejerció la Jefatura de la Compañía de Comunicaciones número 8 desde diciembre de 1975 hasta enero de 1979 y era el máximo responsable del Centro Clandestino de Detención.

De Aeronaútica, se encuentra imputado el ex Comodoro Francisco Alsides Paris, quien al igual que su antecesor Santuccione, fue Jefe de la Policía de Mendoza desde el 22 de diciembre de 1976 al 24 de febrero de 1979.

De la Policía de Mendoza están imputados el ex comisario general Juan Agustín Oyarzábal Navarro, ex Jefe de operaciones policiales a cargo de interrogatorios quien fue condenado a prisión perpetua en el juicio del 2011; el ex oficial principal Fernando Morellato Donna, del cuerpo de Motorizada; y Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Jefe del Departamento de Investigaciones D2 en 1978.

A ellos se sumarán Ricardo Miranda Genaro, ex comisario y Jefe del D2 desde el 1 de diciembre de 1977; y Armando Fernández.

Todos ellos optaron por abstenerse a declarar.

El pedido de cambio de calificación a homicidio fue concordante entre la fiscalía y la querella representada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fundación

Liga Argentina por los Derechos Humanos, quienes pidieron también la urgente detención de los seis imputados que permanecen en libertad, dado que los otros cuatro están con prisión domiciliaria.

Esta solicitud, deberá ser analizada por la defensa quien tendrá tiempo hasta el jueves próximo para su presentación ante el tribunal, dado que mañana comenzarán las declaraciones testimoniales y según se programó, sólo habrá debate los días jueves y viernes.

Esta primera jornada se basó en la lectura de las acusaciones y el relato de cómo cada una de las víctimas fueron secuestradas de sus hogares en forma violenta, con uso de armas de fuego de grueso calibre y sin autorización judiciales, maniatadas, amordazadas y golpeadas; además del robo de varios elementos de uso doméstico o vehículos “lo que prueba la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada”, indicaron desde el tribunal.

En representación de las Madres de Plaza de Mayo, Agustina Vera, de 85 años, lamentó que “todos los juicios van muy lerdos, aunque siempre hay esperanzas”.

“Nos hacen esperar y ellos saben todo”, se lamentó en referencia al silencio que demuestran todos los militares la mamá de Rodolfo Vera, desaparecido hace treinta y cinco años en cercanías de esta capital.
El tribunal analizará el secuestro y desaparición de Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976, entre muchos otros.

Este es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, después de los procesos que finalizaron en 2010 en San Rafael, y 2011 en esta capital, donde ya se han aplicado nueve condenas, siete de ellas a prisión perpetua.

De los diez actuales imputados, Oyarzábal, Fernández, Dardo Migno y Paulino Furió, fueron quienes también estuvieron en el banquillo de los acusados en el juicio anterior en esta ciudad.

Oyarzábal fue condenado a perpetua, Migno recibió una pena de 12 años, Fernández fue separado del proceso por cuestiones de salud y Furió no fue sancionado a partir del beneficio de la duda.

Por distintas razones de salud, Paris y Migno participan del juicio vía teleconferencia desde la ciudad santafesina de Rosario; Furió (hoy ausente por una internación momentánea) y Puebla desde Buenos Aires; en tanto que Oyarzábal, Fernández y Garibote lo hacen desde Mendoza.

El tribunal Oral Federal 1 de Mendoza estará integrado por Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, y los recientemente nombrados desde Buenos Aires Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo, como tercer y cuarto miembros respectivamente.